Carles Puigdemont ya conoce hasta dónde llegará la amnistía

Carles Puigdemont y Junts per Catalunya ya saben cuáles serán las líneas rojas de la amnistía para el PSOE. Pedro Sánchez y la Moncloa asumen que la ley será necesaria para contar con los votos de los procesistas, pero no están dispuestos a que beneficie a todo el mundo. 

Hasta hoy quedaba claro que casos como el de Laura Borrás, condenada por falsedad en documento y prevaricación administrativa, no podrían beneficiarse de la amnistía. La expresidenta del Parlament lo intentó, pero ya hace semanas que el entorno de Junts ha renunciado, consciente que tienen mucho más a perder que a ganar. 

La propuesta de Sumar, que se limitó finalmente a un dictamen de expertos, contemplaba que todos los actores que protagonizaron la consulta del 9 de noviembre y el referéndum del 1 de octubre pudieran ser amnistiados. No había distinción entre manifestantes, policías, políticos y los que alteraron el orden público en autopistas o el aeropuerto.

El diario ABC publica este 17 de octubre que el PSOE no está por la labor de que la nueva ley proteja a los 1.500 'represaliados' de los que habla el procesismo. Pedro Sánchez marcará dos líneas rojas, dos casos en los que los protagonistas no podrán ser amnistiados. Esta decisión ya la conocerían tanto Junts per Catalunya como Esquerra.

Cualquier persona que esté investigada ahora mismo por delitos de terrorismo en la Audiencia Nacional no podría acogerse a la ley. Actualmente hay doce miembros que tienen una causa abierta en este sentido. Se trataría de personas vinculadas a los Comités de Defensa de la República, que según la Audiencia Nacional podrían pertenecer a una organización terrorista.

De este modo, serían algunos ciudadanos sin responsabilidad política los que verían como su causa judicial seguiría vigente, sin poder acogerse a la futura ley de amnistía.

En un segundo caso, el Gobierno no tiene intención alguna que dentro de la nueva ley se puedan acoger con la financiación de las dos consultas. Moncloa no quiere tener que pagar la cuenta de los líderes indepes, porque el mensaje sería devastador. No solo rectifico y apruebo la amnistía: además les devuelvo el dinero de las condenas del Tribunal de Cuentas. 

Por lo que hace referencia al 9 de noviembre de 2014, la causa ya está cerrada y los 6 millones pagados por la caja de solidaridad. El tema viene con el 1 de octubre, que aún no hay sentencia. Esta condena no será amnistiada, es solo económica y no conlleva penas de inhabilitación ni cárcel.

Pedro Sánchez ha marcado ya los límites de la amnistía y los líderes procesistas ya los conocen. Quedarán por el camino una docena de activistas, pero no parece plausible que esta condición ponga en jaque el acuerdo.