Europa Press Admiten que la acogida de 'menas' cuesta más de 4.000€ al mes por cada menor
La partida para los 'menas' supera ampliamente a otras como discapacidad o atención a personas mayores
El Ministerio de Juventud e Infancia ha dejado negro sobre blanco el precio real de mantener a un 'mena' en España. En la hoja de cálculo que acompaña a su nueva propuesta de reparto aparece la cifra que la mayoría de comunidades venía manejando internamente. Es decir,145 € diarios por plaza, unos 4.350 € mensuales. Ese es el nivel de gasto que ahora se pretende financiar con solo 35,75 € al día, una rebaja cercana al 80 % que ha provocado la rebelión autonómica.
Del “coste real” al “modelo low cost”
Castilla-La Mancha puso voz al malestar tras la fallida Conferencia Sectorial del 17 de julio. Su consejera de Bienestar Social recordó que acoger a los casi 4.000 menores pendientes de traslado desde Canarias y Ceuta costará unos 250 millones este año. Con 100 millones, explicó, apenas se cubren los tres primeros meses de asistencia. Así, el coste por menor caería de 145 € a 35,75 €.
Las comunidades del PP dieron plantón a la reunión, pero no están solas. Canarias y Castilla-La Mancha comparten el diagnóstico de inviabilidad. Todas coinciden en que la cifra de 145 € no era generosa: se calculó en 2021 e incluye mejoras contractuales hoy ineludibles, como ratios de educadores y seguridad privada en los centros. El recorte, afirman, obligaría a “desmantelar servicios esenciales o cerrar dispositivos”.
Más de 4000 euros al mes por menor | Europa Press
Cataluña confirma la cuenta: 134,86 € diarios
La discusión estatal llega cuando Cataluña también publicó sus propios números. En respuesta parlamentaria a Vox del pasado marzo, el Departament de Drets Socials admitió que gastó 115,5 millones en 2024 para atender a 4.802 menores extranjeros. El dato equivale a 134,86 € diarios, o sea, 4.045 € al mes por joven tutelado. La cifra supera de largo los 2.000 € mensuales que la Generalitat destina de media a una plaza residencial para ancianos o dependientes.
Además, en Cataluña, la tutela se prolonga más allá de la mayoría de edad para facilitar la integración laboral. Este alargamiento eleva aún más el gasto. Además, la administración reconoce que mantiene a jóvenes cuya edad es “dudosa” porque prima el principio de vulnerabilidad. Esto explica que el escándalo de la DGAIA se produjera en un lugar como Cataluña.
Cataluña ha quedado fuera del reparto | Agencia
Un agujero en los presupuestos sociales
El cruce de datos confirma que los 4.000 € al mes son el rango mínimo para una acogida “digna”, tal como exige la ley. Si se aplica a los 3.975 menores que el Gobierno quiere reubicar, el coste anual se acerca a 190 millones. La aportación prometida de 100 millones solo cubre el 53 % del desembolso, y además se agota en el primer trimestre. Las comunidades tendrían que financiar los nueve meses restantes sin fondos estatales.
En Cataluña el problema es estructural. El número de menores atendidos se ha duplicado desde 2022, y los servicios sociales alertan de saturación. Los sindicatos del sector piden más personal estable y denuncian contratos temporales que impiden construir vínculos educativos sólidos. Mientras, el debate político gira en torno a la “equidad” en el reparto de recursos: la oposición cuestiona que se destine el doble a los 'menas' que a los mayores dependientes.
Escenarios abiertos
El Ministerio insiste en que la acogida es competencia autonómica y que su aportación pretende cubrir solo la fase de emergencia. Las consejerías replican que el sistema colapsará si la cifra diaria no vuelve a los 145 €. Amenazan incluso con recurrir el decreto de reparto ante el Constitucional.
En paralelo, Cataluña, País Vasco y Navarra quedan exentas del cupo obligatorio, aunque la Generalitat se ofrece a recibir al menos 31 menores. Ese gesto no alivia la tensión presupuestaria. Con cada plaza valorada en más de 4.000 €, el compromiso añade 1,5 millones anuales a la factura catalana.
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