El abogado de Puigdemont será juzgado por blanqueo para el narcotráfico

El abogado de Carles Puigdemont no gana para disgustos. Tras perder el juicio en el que defendía a Laura Borràs y ver como el expresident perdía su inmunidad como europarlamentario, Gonzalo Boye ha recibido otro revés judicial. A pesar de los recursos presentados por el letrado chileno, este jueves la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (AN)  ha dejado claro que será este tribunal quien lo juzgue. Se enfrenta a un delito de blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación de documento oficial.

De este modo, la Audiencia Nacional determinará si Gonzalo Boye estuvo involucrado en el entramado para ocultar beneficios del narco José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco. Se trata de una trama habría introducido hasta cuatro toneladas de cocaína en España. Ahora, el abogado de Puigdemont deberá defenderse ante este tribunal por unos presuntos hechos por los que la Fiscalía le pide nueve años de prisión.

Gonzalo Boye recurrió el hecho de que sea la Audiencia Nacional quien juzgue su caso. Pero ahora la Sala de Apelación considera que este tribunal tiene las competencias para hacerlo. Y es que, a pesar de que la AN no está capacitada para tratar casos de blanqueo de capitales, el hecho de ser una trama relacionada con una organización criminal, sí que le otorga las competencias necesarias. La Sección Tercera de la Sala Penal ya desestimó las demandas de Boye el pasado julio y ahora la Sala de Apelación tumba otra vez el recurso del letrado de Puigdemont.

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Según la Fiscalía Antidroga, Gonzalo Boye trabajó a las órdenes de Sito Miñanco. Y tenía el objetivo de recuperar un dinero intervenido a la trama de este narcotraficante en el aeropuerto de Barajas. Los hechos sucedieron el pasado 6 de febrero de 2017 bajo un operativo policial llamado Operación Mito.

Gonzalo Boye, uno de los impulsores de la futura Ley de Amnistía

En los últimos días se ha conocido que Gonzalo Boye es uno de los responsables de redactar la futura Ley de Amnistía que quieren pactar Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Así lo han asegurado varios medios de comunicación, que exponen que el letrado forma parte del equipo que trabaja para presentar un texto que impida al Tribunal Constitucional tumbar la polémica ley que perdonará a los políticos procesistas.