Incerteza permanente

El pleno del Congreso de los diputados, celebrado el pasado 10 de enero, fue, con toda probabilidad, el prólogo de lo que será esta legislatura. Pedro Sánchez y su equipo van a tener que sudar sangre cada vez que haya que sacar una votación adelante.  

En esta ocasión, fueron los podemitas los que hicieron morder el polvo a Yolanda Díaz y, por corresponsabilidad, a todo el Ejecutivo, por haberse quedado fuera del Gobierno. Sin cuestionar la legitimidad de los grupos parlamentarios para intervenir en el proceso legislativo, ya sean decretos o leyes, parece bastante evidente que, en esta ocasión, Podemos se ha precipitado marcando perfil propio. Con toda seguridad, llegarán situaciones a lo largo de la legislatura, mucho más propicias, para que los de Ione Belarra se desmarquen de las políticas gubernamentales.

Pero quien tuvo su tarde de gloria fue Junts. Hacía días que las huestes de Puigdemont iban avisando que votarían en contra de los reales decretos ley que iba a presentar el Gobierno. En el último momento, después de hacer un discurso que apuntaba hacia el no, Junts decidió hacer la estatua y salvarle los muebles al Ejecutivo. Con un movimiento muy poco habitual en la práctica parlamentaria, los siete diputados “juntaires” no votaron, eso que en realidad fue una abstención, permitió que saliera adelante el primer decreto por 172 a 171, un solo voto. Sin embargo, pese a que Junts mantuvo esta estrategia en las votaciones que hubo ese miércoles, el “no” de Podemos se sumó al del PP, Vox y UPN para tumbar el segundo decreto —176 noes frente a 167 síes—, el que presentaba Yolanda Díaz, líder de Sumar y enemiga declarada de la formación de Ione Belarra, que suponía un aumento del subsidio de desempleo, de 480 euros a 570 en los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes (y ser compatible con los primeros 150 días de trabajo).

A Junts la jugada les salió redonda porque lograron que el Gobierno doblase la rodilla y pusieron a ERC contra la pared. Otra cosa es el alcance real de los acuerdos. Según explicó después el ministro Félix Bolaños: “Lo único que se ha pactado entre el PSOE y Junts, de momento, es hacer una ley orgánica, que tendrá que ser pactada con todos los grupos de la mayoría para llegar a 176 votos y llevará meses de negociación, en la que se sustanciará la “delegación íntegra de las competencias y recursos en inmigración” a través de la vía que abre el artículo 150.2 de la Constitución. El 149 dice que la inmigración es competencia exclusiva de la Administración central”. 

Más allá de la trascendencia real de los pactos entre Gobierno y los postconvergentes, queda claro que a ellos la gobernabilidad de España no les concierne. Según su portavoz Míriam Nogueras, los siete diputados de la formación están en el Congreso “por Cataluña” (?). Aunque mi impresión personal es que, tras esa apariencia de duros, los de Junts irán dando cuartelillo al Gobierno de Sánchez, al menos hasta que la ley de amnistía sea efectiva en los tribunales; mientras tanto, intentarán recolocarse (el próximo movimiento puede ser el Ayuntamiento de Barcelona) en el panorama político catalán para dar la gran batalla a ERC en las próximas elecciones al Parlament. Y es que a los de Junts todo lo demás, de verdad, de verdad, les importa una higa. 

En cualquier caso, es evidente el desgaste sufrido por el Ejecutivo. Hay que aprender de los errores. Y, para eso, hay que evitar que situaciones como las del pasado día 10 se repitan. En un solo pleno se concentraron demasiadas votaciones de alto voltaje, y ha quedado claro que eso fue una temeridad. Es cierto, no obstante, que, con el adelanto de las elecciones, el Gobierno estuvo varios meses en funciones, sin poder aprobar nada. Había compromisos europeos, promesas pendientes, reformas y ayudas que decaían. Por eso, desde la Moncloa se decidió hacer un macro pleno y jugar muy fuerte. Pero el riego, como se ha visto, era muy elevado. Si salía mal, no iba a caer el Gobierno; ahora bien, quedaría seriamente tocado y esa no es la mejor forma de empezar una legislatura. Salió bastante bien ―fueron los podemitas los que dieron la nota, pero la reforma del subsidio se volverá a tramitar en breve―. Hay que esperar que en la cocina del Gobierno hayan aprendido la lección y no les queden ganas de repetir.

Ante una realidad parlamentaria semejante, parece lógico aminorar el ritmo legislativo. No obstante, eso choca, casi frontalmente, con la voluntad de transformación social que muestra este Ejecutivo. Para corroborar esta afirmación valga un dato: en menos de seis años de Gobierno progresista el salario mínimo ha subido casi 400 euros. En la etapa que estuvo Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo permaneció, prácticamente, inamovible. 

La impresión que ha quedado, tras el macro pleno, es que la mayoría que sostiene al Gobierno, la más transversal de la democracia, es, también, de las más difíciles de gestionar. Además, se ha puesto de manifiesto que no hay un acuerdo de legislatura sólido para Sánchez. Y eso, igual, significa que este mandato puede durar lo que un caramelo en la puerta de un colegio o, por el contrario, agotar sus cuatro años reglamentarios, aunque sea con una incerteza permanente.