¿Qué propone Aliança Catalana?

Tenemos un problema con la inmigración y cuanto antes lo aceptamos todos mejor. Es un problema de delincuencia y crimen, pero es también un problema de naturaleza económica, de un país con servicios públicos saturados, de guetos que quieren borrar nuestras democracias y nuestras leyes civiles bajo el velo negro de la sharia, un problema de sentimiento de pertenencia y, sobre todo, es el problema de un país –Cataluña– que pugna con varias contracomunidades por mantener su propia supervivencia como comunidad nacional diferenciada, es decir, como pueblo catalán vivo.

Estamos al final de un camino que ya viene de lejos. Desde las primeras décadas del siglo XX, el Catalanismo –mal que le pese al presidente Pere Aragonès– ha visto con preocupación el fenómeno de la inmigración. A día de hoy, desgraciadamente, el problema es infinitamente más grave que en los años 30. Sobre lo mencionado en el párrafo anterior, algunos pensarán que no podemos mezclar delincuencia con inmigración, pero, si miramos al IDESCAT, la mitad de la población reclusa del país es de origen inmigrante. Además, cabe preguntarse hasta qué punto un país desindustrializado, donde la agricultura representa sólo el 1,1% del PIB y con una economía cada vez más digitalizada, necesita inmigrantes de baja formación y sin recursos. La respuesta silenciada todos la conocemos: No necesitamos. Y quien sufre las consecuencias de esta hipocresía es la clase trabajadora catalana, que ve abaratar sus salarios mientras los barrios en los que vive caen en manos de los traficantes de drogas, los ladrones y las bandas de MENA.

El fin de un país

Los efectos de la inmigración descontrolada en los servicios públicos los vemos en las colas de espera saturadas de la sanidad pública o en la pérdida de calidad de nuestro sistema educativo. Y, si queremos analizar el caso de los guetos, veremos arraigar con fuerza contra-comunidades de barbudos que querrían ver nuestras leyes tuteladas por el Corán y, de igual modo, veremos jóvenes con chándales del PSG increpando gays que salen del Cangrejo del Raval o clérigos musulmanes que llaman a matar infieles y organizan atentados en territorio catalán. Y no, toda esa gente ni son catalanes ni quieren serlo. Viven entre nosotros atraídos por nuestras ayudas públicas –pero detestan todo lo que somos y representamos.

Lo más grave es el retroceso lingüístico. Esperando una encuesta de usos lingüísticos que probablemente situará a los catalanohablantes en unas cifras por debajo del 30%, hay que aceptar una realidad: Cataluña no es tierra de acogida. Y, si lo es, acoge e integra a la gente en el castellano –a día de hoy, la lengua mayoritaria del país. En cada nueva hornada de inmigrantes, el catalán siempre ha retrocedido, exponiendo la incapacidad del país para recibir a inmigrantes (consecuencias de no tener un Estado). Circulamos a toda velocidad por una autopista que nos conduce por la vía de la residualización hasta la extinción nacional. Si hace cien años más del 90% de la población hablaba catalán habitualmente, en cien años no quedarán catalanes conscientes. Habremos llegado al final de un camino de más de mil años.

A pesar de la dificultad del momento, este es un artículo que quiere ser propositivo y mostrar al lector una serie de propuestas que un partido como Aliança Catalana puede ofrecer por los tiempos que vienen:

Perdida voluntariamente la oportunidad del 2017, con todas las naves quemadas y la credibilidad internacional por el suelo, es hora de ser realistas y analizar en qué punto nos encontramos. Estamos más cerca de la residualización y extinción nacional que de la independencia. Por todo ello, toda acción política debe tener como primer objetivo expulsar al estado español de Cataluña y crear el Estado catalán. Nos jugamos mucho más que nuestra viabilidad económica. Actualmente, Madrid colapsa nuestro país enviándonos la mayoría de ilegales que llegan de más allá del mar. Nos imponen una política migratoria de puertas abiertas para disolver el porcentaje de hablantes de catalán y alcanzar, con la demografía, lo que ni monarquías absolutas, ni dictaduras ni repúblicas habían logrado nunca: el fin de Cataluña.

Para hacer frente a esta nueva Hidra de Lerna, es necesario guiarnos por el principio de “Catalunya Primer” y priorizar a los catalanes en todos los servicios públicos. Nuestros euros deben ser para los catalanes que más lo necesitan, nunca para mantener vagos, nunca para fomentar el turismo sanitario, nunca para financiar nuestra sustitución, nunca para que el gobierno compre periodistas, ni para engordar a los profesionales de la política, ni para abrir observatorios donde colocar amigos y familiares, ni mucho menos para financiar chiringuitos de extrema izquierda donde se nos culpabiliza y se nos llama machistas y racistas.

Aliança Catalana despliega una propuesta política organizada en tres ejes: el nacionalismo catalán, la economía de mercado y la regulación de la inmigración en clave altamente restrictiva.

Cogemos el toro por los cuernos

Sobre el primer punto, el nacional, y para fortalecer el sentimiento de pertenencia, es necesario convertir el catalán en un requisito imprescindible para desarrollarse en Cataluña. No es suficiente con que la gente lo conozca. Es necesario hacerlo propio. La escuela, la universidad, el CAP, los hospitales y todos los equipamientos públicos deben utilizarlo. Y, por eso, no basta con colocar una bandera en cada entrada, hay que priorizar la contratación de personal público del país, con un alto nivel de catalán.

En cuanto al mundo privado, a nivel empresarial, es necesario ofrecer facilidades, del tipo que sean, también fiscales, a todas las empresas que acrediten utilizar el catalán en sus actividades. Y, a nivel sindical, a los trabajadores autóctonos hay que mostrarles que la exigencia del catalán puede ser un buen aliado para impedir que un alud de extranjeros les tomen su puesto de trabajo.

Sobre el segundo punto, el económico, debemos guiarnos por la siguiente máxima: el dinero, donde mejor está, está en el bolsillo de los catalanes. Hay que reducir el expolio en forma de impuestos que frena nuestra economía, desincentiva la inversión y castiga a quien ahorra. Es necesario suprimir el impuesto a la muerte que secuestra el legado de muchos catalanes y nos desvincula de nuestro pasado familiar. Hay que reducir los impuestos al trabajo como el IRPF y todas las normativas que, como la obligación de comprar coches nuevos, ahogan a nuestra maltratada clase trabajadora.

Y, para recuperar puestos de trabajo dignos, desvinculados del sector servicios y la hostelería, es necesario reindustrializar Cataluña. A nivel económico, este es uno de los mayores retos de país que tenemos pero, para abordarlo, el primer paso es frenar la desindustrialización que sufrimos. La Generalitat debe ser una aliada y no una enemiga de los empresarios, nunca hay que ahogar a quien quiere mantener su producción en Cataluña con normativas e impuestos abusivos.

Y, finalmente, sobre el tercer punto, necesitamos un Estado para hacer todo lo que Madrid no hace. En otras palabras: para frenar el alud migratorio que sufrimos. Hoy en día, hay quien ya habla de la necesidad de “regular la inmigración” pero con esto no es suficiente. Regulada ya lo está. Incluso una política de puertas abiertas sería una forma de regularla. Lo que necesita Cataluña es muy diferente. Hay que instaurar una moratoria en inmigración hasta que el salario de los catalanes se equipare al de la media europea y la lengua catalana vuelva a ser capaz de asimilar a los inmigrantes que en un futuro podamos necesitar.

Con la entrada en escena de Aliança Catalana, el país puede pasar página de los años de silencio progresista y vincular el independentismo a los movimientos nacionalistas que triunfan en Occidente. Nuestro país todavía debe librar una última batalla, la de su supervivencia. Y la entregaremos.