Generalitat en quiebra

Si la Generalitat fuese una empresa privada, ya habría quebrado. El último consejero de Economía que dejó un presupuesto equilibrado fue Francesc Homs. No me refiero al entonces todopoderoso consejero de Presidencia Quico Homs (2012-2014) -ahora desaparecido en combate- sino a Francesc Homs, titular de Economía en el último gobierno de Jordi Pujol (2001-2003).

En las últimas décadas, la deuda pública de la Generalitat no ha parado de crecer. El tripartito ya la dejó en 35.000 millones tras siete años en el poder. Pero Artur Mas la duplicó en menos de cinco: hasta los 72.000 millones. El 2023 ya llegó a los 84.000 millones.

Lo mejor es que, de estos, 71.000 son con el Estado. En resumen: cada catalán debe 11.000 euros. La deuda es el 33% del PIB. Aunque, para el conjunto de España, la cosa está todavía peor: 1,5 billones. Casi el 113% del PIB. Todo un récord.

Las deudas hay que pagarlas

Lo que no ha impedido a Pedro Sánchez tirar de cheque antes de las generales: desde el bono cultural a las entradas de cine a dos euros, entre otras medidas de cara a la galería. Sin embargo, la que se lleva la palma es Yolanda Díaz que acaba de anunciar, en plena campaña, su propuesta de herencia universal de 20.000 euros a los 23 años.

La izquierda siempre tira de recursos públicos. Ya lo dijo la entonces vicepresidenta Carmen Calvo: “el dinero público no es de nadie”. Pero las deudas, por supuesto, hay que pagarlas. Y además con intereses. El dinero no cae del cielo.

Por eso, el otro día -aprovechando la comparecencia de la consejera de Economía, Natalia Mas, en la rueda de prensa de todos los martes- le pregunté si era “plausible” plantear la independencia cuando quien te financia es el mismo Estado del que te quieres ir.

No me contestó. Echo la culpa al “déficit fiscal ingente”. E incluso elevó la cifra de los 16.000 millones al año que decían los independentistas a 20.000. No sé si para redondear para arriba. Luego añadió el “déficit de infraestructuras” aunque los que se oponen a ampliar el Aeropuerto del Prat o la A-2 es precisamente el gobierno catalán.

Me ahorro otras medidas ‘imaginativas’ como los famosos bonos patrióticos de Mas-Colell o el hecho de que, en pleno proceso, recurrieran al FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) porque los mercados no se fiaban de la Generalitat. La imagen exterior estaba por los suelos.

Pere Aragonès, el presidente autonómico mejor pagado a pesar de las deudas

Eso sí, Pere Aragonès es el presidente autonómico mejor pagado (130.000 euros y eso que se bajó el sueldo un 15 %), los altos cargos cobran de media un 30 % más que en otras comunidades -si no que se lo pregunten a Enric Millo- y seguimos abriendo embajadas por el mundo para sacar pecho. La última en Colombia, al parecer, para “consolidar” el proceso de paz en palabras de la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

El proceso ha arrasado con todo, pero también con la buena fama que tenía el catalanismo desde Prat de la Riba. Cuando, con un zapato y una alpargata, construyó al frente de la Mancomunidad una administración moderna y eficaz.

Por eso la pregunta es obligada: ¿Estos querían declarar la independencia? ¿Los mismos que han de recurrir al ‘Estado opresor’ para financiarse? Más aún: ¿Podrían gobernar una república si tan mal lo hacen con una comunidad autónoma?

Fíjense que las grandes obras públicas -del Túnel del Cadí (1984) o la Autopista Pau Casals (1992), de peaje por cierto- son de hace un montón de tiempo. La Generalitat ahora se limita ahora a gestionar. Funciona como una gestoría.