Una española lamenta la pesadilla que vive al alquilar su casa: ‘Va a costar un riñón’

Alquilar una vivienda en España se ha convertido en una tarea llena de riesgos para los propietarios. Las leyes actuales, centradas en proteger al inquilino, dejan a los dueños en una posición muy complicada. Cuando surgen problemas como impagos o daños, los propietarios enfrentan procesos largos y costosos.

Y esto es lo que le ha pasado a Esther Tallada, la propietaria de una vivienda que, recientemente, ha decidido hacer pública su situación a través de X —antes Twitter—. Su inquilino abandonó el piso dejando más de 6.000 euros en deudas y un desastre absoluto. “Nos ha dejado un destrozo y la casa completamente roñosa”, explicó en su publicación.

Un inquilino que se fue dejando una deuda de 6.000 euros y la vivienda completamente destrozada

El estado del piso, que antes estaba impecable, es ahora lamentable. Las paredes estaban dañadas, los muebles rotos y la suciedad era impresionante. “Nos va a costar un riñón arreglarlo todo”, comentó Esther, visiblemente afectada por la situación.

Pero el único problema de la propietaria no son los desperfectos y la deuda que le ha dejado el inquilino. Esther intentó hacerse cargo de los suministros, pero está chocando con una burocracia abrumadora. Para cambiar la titularidad de los servicios necesitaba el CUPS, un identificador único que las compañías se niegan a darle.

Aunque logró solucionar el caso del gas tras muchos trámites, la electricidad se ha convertido en un callejón sin salida. Endesa se negó a proporcionarle el CUPS, argumentando motivos de privacidad. “Es ridículo, tengo toda la documentación del contrato, pero no me lo quieren dar”, señaló indignada.

Esta situación ha dejado a Esther sin control sobre el suministro eléctrico de su vivienda. El antiguo inquilino, a pesar de haber abandonado el piso, todavía puede cortar la luz. “Si quiero recuperar el servicio, me toca pagar un alta nueva de 200 euros”, explicó frustrada.

El agua no fue más fácil de gestionar. La compañía, Agbar, cambió el titular del suministro, pero le cargó a Esther las facturas pendientes del inquilino. Para colmo, al pedir una copia de esas facturas, la empresa se negó a entregárselas.

“Me cargan los gastos, pero no me dan ni la factura. Es absurdo, parece una broma de mal gusto”, dijo Esther sobre su experiencia con la compañía. Esta práctica, aunque legal según las empresas, resulta incomprensible para los afectados. “Es increíble que puedan hacer esto y nadie lo regule”, añadió.

Un problema cada vez más común en España

La experiencia de Esther Tallada refleja un problema cada vez más común en España. Las compañías de suministros, amparadas por la ley, actúan sin tener en cuenta los derechos de los propietarios. Mientras tanto, los dueños, como en este caso, deben asumir todas las deudas y los gastos.

El Gobierno ha demostrado una total incapacidad para equilibrar los derechos de inquilinos y propietarios. A la vista está que las leyes actuales han dejado a los propietarios completamente desamparados. Esther, al igual que miles de propietarios, se ve atrapada en un sistema que no les ofrece ninguna protección frente a los abusos y las malas prácticas de los inquilinos.

Ante situaciones como esta, cada vez más propietarios dejarán de alquilar sus viviendas por el miedo a enfrentar situaciones como la de Esther. Y el mercado del alquiler, que ya está al borde del colapso, se hundirá por completo si no se implementan reformas efectivas.

La historia de Esther no es un caso aislado, es una muestra palpable de la grave crisis que está viviendo el sector. Los propietarios como ella están hartos de ser ignorados por un Gobierno que se ha mostrado incapaz de actuar.