Jarro de agua fría con los alquileres: lo que muchos no saben de la nueva ley

El mercado de alquiler en España atraviesa un momento crítico. En las grandes ciudades, los precios han alcanzado niveles inalcanzables para la mayoría. Y al Gobierno no se le ha ocurrido nada mejor que modificar la Ley de Vivienda, empeorando más las cosas si cabe.

La medida estrella de la nueva legislación es la limitación de las subidas anuales de los alquileres al 3%. Una decisión que, sobre el papel, parecía todo un alivio para los inquilinos. Por desgracia, sus efectos han sido más bien contrarios, ya que, a pesar del límite establecido, existen vacíos legales que permiten a los propietarios incrementar los precios hasta un 10%.

Los alquileres en España, un problema que el Gobierno es incapaz de solucionar

No es ningún secreto que los precios de la vivienda se han convertido en uno de los principales problemas en España. El Gobierno ha sido incapaz de frenar el aumento vertiginoso de los precios, muy por encima de lo que han subido los salarios. En definitiva, la brecha entre el precio del alquiler y lo que cobran los ciudadanos no deja de crecer.

Buscar un alquiler asequible en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia se ha convertido en una misión casi imposible para muchas personas. Ante esto, el Gobierno vendió la nueva Ley de Vivienda como la solución mágica a todos los problemas. Por desgracia, al final parece ser que va a perjudicar tanto a inquilinos como a propietarios.

Estos últimos ya están más que acostumbrados a pagar los platos rotos del Gobierno, ya que siempre están en la diana. Y todo ello a pesar de que se supone que el derecho a decidir libremente sobre sus propiedades es algo fundamental en una democracia consolidada. En cuanto a los inquilinos, tampoco están en mejor situación, porque la Ley lo único que les aporta es una falsa sensación de seguridad.

La letra pequeña de la Ley de Vivienda que perjudica a los inquilinos

Para los contratos vigentes, la normativa establece un límite en la subida anual del 3%. Por ejemplo, si en 2023 pagabas 700 euros por tu alquiler, en 2024 no deberías estar pagando más de 721 euros al mes. A primera vista, esta medida parece beneficiar a los inquilinos, pero lo cierto es que es un ejemplo más de cómo el Gobierno juega con la letra pequeña y sus consecuencias.

La ley introduce una serie de condiciones que permiten a los propietarios aumentar los alquileres hasta un 10% en determinadas circunstancias. Según el artículo 10.6 de la Ley de Vivienda, esto solo será posible si se cumplen tres condiciones específicas: mejoras significativas en la vivienda, rehabilitación energética que garantice al menos un 30% de ahorro en energía primaria no renovable, o reformas en accesibilidad. Así pues, si el arrendador ha realizado alguna de estas actuaciones, podrá aplicar una subida de hasta un 10% sobre el alquiler previo.

Este margen adicional de aumento ha generado muchísima controversia. Y es que muchos inquilinos han alertado de que, bajo el pretexto de estas “mejoras”, los propietarios han encontrado la forma de saltarse este límite. Y no es de extrañar, porque al fin y al cabo se trata de una decisión libre sobre sus inmuebles.

Además, la ley no solo contempla estas subidas en el caso de obras y mejoras, también en contratos de larga duración —diez años o más—. Si el contrato se firma por un periodo largo, con una prórroga opcional para el arrendatario, el propietario tiene el permiso de subir el alquiler más del 3%. En definitiva, lo que a muchos inquilinos les parecía una buena medida les ha acabado perjudicando más de lo esperado.

Así pues, no es solo que el Gobierno vuelva a perjudicar a los propietarios de inmuebles, que no tienen la culpa de la falta de oferta de viviendas en alquiler. Es que también acaba perjudicando a los que pretende defender: los inquilinos. La nueva Ley de Vivienda, por tanto, no ha conseguido, ni parece que vaya a conseguir a corto plazo, frenar la imparable subida de precios de la vivienda.