Comunicado de última hora sobre los alquileres en Cataluña en 2025: será una realidad

Cataluña empezará a aplicar sanciones a los propietarios que no cumplan con la polémica regulación de los precios del alquiler. Así lo ha confirmado esta semana el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El mandatario ha aprovechado para insistir en que la vivienda es una de sus prioridades, a pesar de las críticas a sus medidas.

Recordemos que, a principios de octubre, Salvador Illa anunció un ambicioso proyecto de construcción de 50.000 viviendas públicas. El socialista se puso como objetivo tener estas viviendas listas, como muy tarde, en 2030, con una desembolso de 4.400 millones de euros. Un plan sobre el que no ha dado más detalles, por ahora.

Cataluña amenaza a los propietarios de viviendas con multarles

De lo que sí que ha hablado Salvador Illa es de las futuras multas que recibirán los propietarios que no se sometan. En concreto, Cataluña introducirá un régimen sancionador a partir de 2025 para aquellos que incumplan la regulación del precio del alquiler.

Para intentar quitar algo de hierro a sus palabras, Illa recordó que las medidas tienen como objetivo evitar la especulación. Pero lo que parece claro es que la Ley se aplicará sí o sí, y que las multas están más que aseguradas.

La decisión de incorporar el régimen sancionador se incluye dentro del "plan de acción para el derecho al acceso a la vivienda". El presidente de la Generalitat ha asegurado que se pondrán en marcha los recursos humanos para garantizar el cumplimiento de esta regulación.

Un anuncio que convence a medias

La noticia de las sanciones a los propietarios de viviendas que no cumplan con la regulación de los alquileres ha generado todo tipo de reacciones. En el Parlamento de Cataluña, la líder de los Comunes, Jéssica Albiach, ha celebrado el anuncio, aunque se ha mostrado algo escéptica. Y todo porque, a pesar de creer que es una "buena y necesaria noticia", el año 2025 es muy largo.

En este sentido, le ha pedido a Salvador Illa que sea más concreto con los plazos. Incluso se ha mostrado abierta a trabajar "conjuntamente" en la elaboración de ese régimen sancionador. Además, ha propuesto incorporar un cuerpo de inspección, formado por una plantilla de al menos un centenar de profesionales.