Detenidos por regularizar mujeres extranjeras simulando casos de violencia machista

El pasado miércoles, La Policía Nacional desarticuló una organización criminal dedicada a regularizar mujeres extranjeras simulando casos de violencia de género. Esta organización pagaba hasta mil euros a hombres dispuestos a asumir condenas por maltrato. 

Según ha confirmado la Policía Nacional, esta operación llamada "Casamenteros" ha permitido detener a cuatro mujeres y tres hombres en diversos municipios de la costa de Granada y Almería, acusados de denuncia falsa, simulación de delito, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.

Estos detenidos formaban parte de una red que se dedicaba a conseguir permisos de residencia para las mujeres que se hacían pasar por víctimas de violencia de género. Dicha organización buscaba tanto a las benefactoras como a los potenciales agresores, que eran siempre marroquíes en situación irregular.

La investigación comenzó cuando un hombre denunció que esta organización le había prometido hasta 3 000 euros por protagonizar una falsa agresión en público, y no había cobrado tal cuantía de dinero tras ser condenado. 

Las Brigadas de Extranjería y Fronteras de Granada y Almería junto a la Policía Judicial de Motril abrió esta investigación que ha permitido llegar hasta la organización criminal.

La organización daba dinero a cambio de condenas por violencia machista 

Las falsas víctimas de violencia de género pagaban entre 4 000 y 6 000 euros a la organización por regular su situación. A su vez, esta red buscaba hombres a los que pagaba entre 500 y 1 000 euros por asumir una condena judicial como autor de un caso de violencia de género a su supuesta pareja tras una agresión en público. 

Durante la investigación se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en Gualchos (Granada) y El Ejido (Almería), donde los agentes encontraron dinero en efectivo y resguardos de envío de dinero a Marruecos. 

Y es que hasta diez mujeres extranjeras obtuvieron un permiso de residencia legal después de juicios rápidos que las convertían en víctimas de violencia de género, aunque esas residencias ya están extinguidas. 

Los siete detenidos, a los que se les ha prohibido salir del país, han sido puestos a disposición judicial en el Juzgado de Motril.