Europa Press El Gobierno prepara otro cambio con los despidos: los trabajadores beneficiados
El Gobierno no ve con buenos ojos que las empresas impongan cambios en los contratos de trabajo bajo amenaza de despido
El Gobierno tiene previsto acometer una serie de reformas en lo que se refiere al despido de los trabajadores. En concreto, el ejecutivo español ha puesto el foco en los cambios de las condiciones laborales, concretamente en lo que respecta a salarios y horarios. El objetivo es que las empresas tengan aún más restricciones a la hora de marcar el camino a seguir a sus empleados.
Lo que parece no gustarle demasiado al Gobierno es que las empresas puedan modificar las condiciones de sus empleados, bajo amenaza de despido. No obstante, todavía existen muchas incógnitas sobre cómo se aplicará esta medida. Al parecer, dicho planteamiento contradice al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, publica El Economista.
Una posible reforma que choca con el Estatuto de los Trabajadores
En el primer punto se puede leer que "la dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo". Siempre que haya "probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción". Hacen referencia sobre todo a cambios por cuestiones de productividad y competitividad que condicionarían los horarios y jornadas de trabajo.
Esta propuesta implicaría una derogación de la reforma laboral del PP. En ella se recoge que si el empleado resultara perjudicado por las nuevas condiciones impuestas por la empresa tendrá la posibilidad de "rescindir" su contrato. A cambio podría disfrutar de una indemnización de 20 días por año trabajado.
De ocurrir esto, nos encontraríamos ante un caso de renuncia forzada, y no de un despido. De llegar a este punto, al asalariado no le quedarían muchas soluciones, y la última vía a la que podría recurrir sería la judicial.
Medida recogida en el acuerdo de Gobierno
Este planteamiento detallado anteriormente fue uno de los puntos que se contemplaron en el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar. Ambas formaciones se comprometieron a "reforzar las garantías de las personas trabajadoras" ante cualquier cambio en las condiciones laborales.
Desde el Ministerio de Trabajo indican que cualquier variación contractual debe contar con el visto bueno del empleado. Por lo tanto, el aumento o disminución de las horas o el cambio de contrato no podrán ser impuestos por la empresa.
Recalcan que en ningún momento se podrá despedir al trabajador que rechace dicha propuesta, ni tampoco se le podrá aplicar una sanción. Dejan claro que no está permitido forzarle para que dimita de no estar de acuerdo con las nuevas condiciones.
Esto supondría un varapalo para las empresas, que tendrán menos facilidades para adaptarse a los periodos de dificultad. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay una disminución en la carga de trabajo.
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