La decisión que acaba de anunciar el Gobierno para parecer más 'moderno'

Las cosas de palacio van despacio, dicen. Pero los palacios se van adaptando a los nuevos tiempos. Y evolucionan. De ahí que el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, haya anunciado hoy una medida trascendental.

Lo ha hecho durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados. El Gobierno planea eliminar la cita previa obligatoria en las oficinas de la Administración Pública. Todo ello mediante una modificación en la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

"No hace falta tener cita previa"

"Para interactuar con la Administración, no hace falta tener una cita previa obligatoria", ha subrayado el ministro Escrivá. Esta iniciativa forma parte de un ambicioso proyecto de modernización de la Administración Pública. Dichos planes tienen como objetivo facilitar el acceso a los servicios y simplificar los trámites burocráticos.

El cambio se llevará a cabo a través de un anteproyecto de ley. Estará destinado a modificar el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Este anteproyecto se presentará "lo antes posible" en el Congreso de los Diputados.

Las críticas a la cita previa no paraban de aumentar

Esta reforma se enmarca en un conjunto de medidas diseñadas para transformar el modelo de la Administración Pública y mejorar su eficiencia y accesibilidad. Además de la eliminación de la cita previa obligatoria, el Gobierno tiene previsto implementar otras acciones para modernizar y agilizar los servicios públicos.

Entre ellas se incluye la reforma del portal web de la Administración Pública. También la creación de 'hubs' alimentados con Inteligencia Artificial para atender las necesidades específicas de la ciudadanía. Así como la potenciación del teléfono 060, especialmente dirigido a colectivos vulnerables.

Vale la pena mencionar que las críticas al mantenimiento en vigor de la cita previa obligatoria no paraban de aumentar. Son muchos los ciudadanos en desacuerdo con una obligación que consideran injusta.