Los 2 cambios que perjudican a los propietarios de viviendas en alquiler en 2024
La Ley de Vivienda trae algunos cambios que pueden llegar a afectar a los arrendadores de viviendas, incluso pueden llegar a pagar más IRPF
La ya conocida Ley de Vivienda viene con muchos cambios en los límites de precios del alquiler. Uno de los cambios más significativos es el límite del 3 % en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en el 2024. Para 2025, la subida se hará conforme a un nuevo índice de referencia que todavía está por definir.
Teniendo en cuenta que el precio medio del alquiler en España es de 1.190 euros mensuales, al aplicar la subida del 3%, esa cantidad subiría 35,7 euros mensuales (428,40 euros anuales).
Ambas partes, tanto arrendador como arrendatario, deben estar de acuerdo y el incremento no puede ser más del 3% anual. Si no hay un nuevo acuerdo, el aumento automático también está limitado a ese 3%. Eso evita aumentos excesivos y protege tanto al arrendador como al inquilino.
La Ley de Vivienda conllevará cambios en la manera en la que los arrendadores administran sus alquileres
En el caso de un alquiler nuevo, el arrendador tendrá que pagar los honorarios a la agencia que apoye en el proceso de alquiler. Tampoco podrán cargar a su inquilino los gastos de la vivienda como el IBI o las tasas de basura.
Otra medida que tendrán que tener en cuenta es que, si deciden poner en el mercado su vivienda, podrán hacerlo al precio que consideren oportuno. Sin embargo, si la comunidad autónoma o ayuntamiento han declarado la zona como "tensionada", no podrán hacerlo. En ese caso, el precio de referencia será el del último contrato más una actualización del 3%.
Los propietarios podrían experimentar un aumento en el pago del IRPF
Hasta ahora, los arrendadores podían beneficiarse de una reducción en el IRPF del 60% de los ingresos que obtienen por el alquiler. Los ingresos provenientes del alquiler de una propiedad se deben declarar bajo la categoría de "rendimientos del capital mobiliario". Sin embargo, esta regla se aplica únicamente cuando la propiedad alquilada es la residencia principal del inquilino.
Con la introducción de la Ley de Vivienda, se modifica la deducción del 60%, reduciéndola en diez puntos porcentuales. La ley permite elevar la deducción hasta el 90% si los propietarios reducen la renta en más del 5% en zonas consideradas "zona tensionada". También si alquilan a personas jóvenes, entre 18 y 35 años.
Es decir, la ley ajusta las deducciones fiscales basándose en diferentes criterios, como la ubicación geográfica y el alquiler a segmentos específicos de la población.
El problema para los propietarios radica en que ninguna región ha designado áreas como "zonas tensionadas" ni se ha proporcionado el índice de referencia para ajustar anualmente los contratos de alquiler. Ambos requisitos son necesarios para poder acceder a las nuevas reducciones fiscales.
Esto significa que los propietarios podrían enfrentar un aumento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Según un cálculo realizado por el Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas, y publicado por el diario El Español, podría llegar a aumentar hasta 500 euros anuales.
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