Vox tumba un plan para priorizar inmigrantes en el Baix Llobregat

El Consell Comarcal del Baix Llobregat ha retirado un plan que proponía dar prioridad a inmigrantes, incluso en situación irregular, en el acceso a empleo público y ayudas sociales. La oposición  a esta medida fue inmediata. Vox y su sindicato Solidaridad denunciaron que la medida vulneraba principios legales y constitucionales.

El diputado de Vox en el Parlament, Javier Ramírez, criticó el plan con dureza. Lo calificó como una discriminación contra los trabajadores españoles. Según él, relegaba a estos ciudadanos a un segundo plano en los procesos selectivos. Denunció lo que llamó un “atropello ideológico” destinado a favorecer por escrito a personas extranjeras, sin valorar el mérito ni la capacidad:

Ante la denuncia, el gobierno comarcal - formado por PSC, Junts y ERC - decidió frenar el plan. Retiró el punto del orden del día tras recibir un informe jurídico que advertía de su posible ilegalidad. Vox ya había anunciado que, si no se retiraba, emprendería acciones legales de inmediato.

Jordi de la Fuente, secretario general del sindicato Solidaridad, también cargó contra la propuesta. Criticó la falta de rigor técnico y social en su elaboración. Afirmó que el documento fue redactado por activistas subvencionados. Entre ellos citó a la exdirectora de SOS Racismo, Alba Cuevas. Según De la Fuente, el plan respondía a intereses ideológicos, no a un análisis realista de la situación laboral:

Solidaridad expresó su preocupación por lo que definió como un “megachiringuito ideológico”. Temía que el plan facilitara contrataciones a dedo, sin basarse en el mérito. Además, acusó al proyecto de vulnerar la neutralidad de la administración y de romper con principios como la igualdad ante la ley.

Vox celebra la presión

Ramírez insistió en que, mientras haya familias españolas en situación precaria, no es aceptable priorizar ayudas para inmigrantes en situación irregular. Ese argumento resume el discurso tanto del partido como del sindicato: defensa de los derechos laborales de los ciudadanos nacionales frente a lo que consideran un trato desigual.

Los consejeros comarcales de Vox, Iván Cánovas y Marc Cívico, celebraron la retirada del plan. Destacaron que la presión política y social había surtido efecto. Consideran que el caso demuestra la capacidad de Vox y Solidaridad para frenar políticas que califican de injustas y discriminatorias.

Este episodio refleja las tensiones actuales en la política catalana respecto a la inmigración y el acceso a recursos públicos. También evidencia el conflicto entre diferentes fuerzas sobre cómo aplicar las políticas de igualdad. Más todavía en un contexto en el que, como el actual, la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos es una realidad innegable.