Europa Press El Tribunal Constitucional se inclina por tumbar los artículos clave de la Ley Trans
La mayoría de los magistrados ven inconstitucionales las medidas y tomará una decisión próximamente
El Tribunal Constitucional español está evaluando la constitucionalidad de la Ley Trans. La 'ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI' fue aprobada en 2023. Permite a las personas mayores de 16 años cambiar su nombre y sexo en los registros oficiales mediante una declaración expresa y sin necesidad de informes médicos ni intervención judicial.
La ley trans sigue generando mucho debate en España | Forbes
El debate se centra en la autodeterminación de género y su compatibilidad con la Constitución. El borrador de la sentencia respalda en su mayoría la ley, reconociendo el derecho de las personas trans a la autodeterminación de género.
Sin embargo, propone declarar inconstitucionales dos artículos relacionados con sanciones por discriminación, al considerarlos excesivos e incompatibles con el principio de proporcionalidad. Esta decisión podría afectar la protección frente a la discriminación para las personas trans.
La ley ha sido objeto de controversia desde su aprobación. Sectores conservadores y feministas han cuestionado la autodeterminación de género, argumentando que podría generar inseguridad jurídica. Por otro lado, organizaciones LGTBI y activistas consideran que la ley representa un avance en el reconocimiento de los derechos de las personas trans.
Duro golpe a la ley de Irene Montero
La conocida Ley Trans, impulsada por el Ministerio de Igualdad durante la gestión de Irene Montero, atraviesa su momento más delicado. El Tribunal Constitucional ha debatido sobre su contenido y varios artículos clave podrían ser declarados inconstitucionales. Aunque aún no existe una resolución final, el texto normativo está en pausa y sin fecha clara para su revisión definitiva.
La propuesta de sentencia elaborada por el magistrado Juan Carlos Campo, favorable a la ley, ha sido retirada temporalmente. Esta decisión se tomó después de dos días de deliberaciones que revelaron una profunda división entre los jueces.
El bloque progresista, tradicionalmente cohesionado, mostró fisuras notables. Especialmente en torno a dos aspectos sensibles. Las intervenciones médicas en menores de edad, y los cambios de sexo registral a partir de los 16 años.
El grupo más crítico señala que la modificación genital en niños y adolescentes solo debería contemplarse por motivos estrictamente médicos. También advierten sobre la inseguridad jurídica que puede provocar la libre modificación del sexo en el Registro Civil. Estas opiniones han ganado terreno dentro del Tribunal y han dejado la ley en una situación de incertidumbre.
El Tribunal Constitucional está dividido en esta cuestión | Agencia
Uno de los principales puntos de conflicto gira en torno a los menores de entre 12 y 16 años. La ley establece garantías suficientes para que estos jóvenes puedan consentir tratamientos que afectan su identidad sexual. La mayoría de magistrados no comparten esa visión y sostienen que el consentimiento puede no ser plenamente libre o informado.
En cuanto a los menores de 12 años, el borrador proponía una intervención médica solo si existía riesgo para su vida o su integridad física. Esta excepción tampoco logró el respaldo necesario dentro del tribunal, lo que debilitó aún más el argumento central de la ponencia.
Decisión clave para el futuro de la ley
El sector conservador del Tribunal se muestra completamente en contra de los puntos más discutidos de la norma. Sus integrantes apoyan casi en su totalidad el recurso interpuesto por el Partido Popular, y han encontrado puntos en común con algunas voces progresista. Como las magistradas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán, quienes también han manifestado dudas.
El magistrado Ramón Sáez, sin embargo, mantiene una posición contraria a la mayoría. Defiende que la norma es compatible con la Constitución. Y que las disposiciones que permiten el cambio registral de sexo son una forma de proteger la intimidad y dignidad de las personas trans.
A pesar de las objeciones, la ley sigue en vigor por el momento. No se ha establecido un calendario para una nueva deliberación ni para la redacción de una sentencia definitiva. Esta falta de definición recuerda a otros casos similares, como el de la ley del aborto, cuya resolución tardó más de una década.
La decisión final del Tribunal Constitucional será clave para determinar el futuro de la Ley Trans. Una ley que, aunque sigue en pie, se tambalea bajo el peso de las divisiones internas del órgano que debe juzgarla.
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