Una trabajadora de un ayuntamiento catalán denuncia irregularidades y acaba despedida

Se destapa que Antifraude investigó al Ayuntamiento de Mataró. El consistorio habría presuntamente represaliado a una trabajadora pública que contaba con el estatus de “persona alertadora protegida”. El motivo es que había señalado irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.

El ayuntamiento se defiende y dice que el aviso de Antifraude de que no podían despedirla les llegó un mes después. “Por motivos que actualmente se desconocen”, dice el ayuntamiento, la orden de Antifraude llegó con retraso al Departamento de Recursos Humanos.

Represalias y despido

Los hechos que ha investigado la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) se remontan hasta el 2019. Fue en esa fecha cuando la presunta víctima - que insiste en mantener su anonimato - denunció al Ayuntamiento de Mataró por acoso laboral. El caso fue desestimado y, a partir de allí, la situación se complicó.

Ahora, cinco años después, ElDiario y el Ara explican que la OAC ha abierto un expediente sancionador contra el consistorio que tendrá que resolver la justicia. En su informe, señalan que el Ayuntamiento de Mataró tuvo hasta ocho formas de represalia contra la víctima, que ya contaba con la categoría de “persona alertadora protegida”. Además del despido, Antifraude ha señalado otras represalias contra esta persona.

Entre ellas, el vaciado de funciones, el cambio de departamento, el cambio del lugar físico de trabajo y, finalmente, la pérdida de su condición de trabajadora interina. Actuaciones que, todas ellas, están expresamente prohibidas en el caso de personas con el estatus de protegidas. Por su parte, el Ayuntamiento de Mataró, en poder del PSC, señala que se abrirá una comisión informativa.

Se traspapeló la advertencia de Antifraude

Se trata del primer caso en el que la Oficina Antifraude pone en marcha su nueva competencia - nueva desde marzo de 2023 - de multar a entidades que no protegen como es debido a personas que han denunciado irregularidades públicas. Y si se acaba resolviendo en forma multa el Ayuntamiento podría llegar a pagar 300.000 euros al tratarse de una persona física.

Las últimas informaciones publicadas fueron más allá y revelaron que el Ayuntamiento no solo despidió a esta persona, sino que lo hizo a sabiendas de que estaba bajo la protección de Antifraude. El ayuntamiento lo justifica diciendo que sí, que habían recibido el aviso de Antifraude, pero que les llegó un mes después. “Por motivos que actualmente se desconocen”, se explicó el consistorio, la orden de la OAC llegó a Recursos Humanos con un mes de retraso.

Y no solo eso. Según Antifraude, el Ayuntamiento de Mataró contrató a una consultora externa para mediar entre ellos y la denunciante. Pero, por lo visto, la consultora se “instrumentalizó” con el fin de beneficiar al consistorio y de perjudicar a la trabajadora. Sea como fuere, el caso es que el ayuntamiento continúa incumpliendo las indicaciones de la Oficina Antifraude.

Vox registra una denuncia por prevaricación

Esta situación ha llegado a la arena política y la oposición del ayuntamiento pide que se publique toda la información disponible. Así mismo, denuncian que, 20 días después de la reunión de la comisión encargada de este asunto, todavía no se han hecho públicos los documentos. Por ello, piden al ayuntamiento del PSC una nueva comisión de urgencia para aclarar esta situación.

El grupo municipal de Vox en Mataró ha anunciado que registrará una denuncia por prevaricación. Hablan de "investigar exhaustivamente para discernir responsabilidades" y presentar querellas en caso de existir un delito.