Tirón de orejas al establishment por querer ilegalizar la AfD: no es constitucional

Juristas y académicos alemanes han lanzado duras críticas contra los servicios de inteligencia del país por clasificar a AfD como “organización extremista”. La medida, anunciada por el Ministerio del Interior germano, abre la puerta a una posible ilegalización del partido político liderado por Alice Widel. Sin embargo, numerosos constitucionalistas advierten de que este paso podría vulnerar el Estado de derecho.

Dietrich Murswiek, reconocido experto en derecho constitucional, ha denunciado que esta calificación carece de base legal suficiente. Considera errónea la idea de que el concepto étnico de pueblo utilizado por AfD atente contra la dignidad humana. Según él, adoptar un enfoque etnocultural no es inconstitucional por sí mismo, sino un posicionamiento político que se ofrece a la arena política.

Otros expertos comparten su preocupación y alertan sobre un uso politizado de la ley para neutralizar más rivales ideológicos en el futuro, es decir, un precedente. El profesor Volker Boehme-Neßler calificó la decisión de “sorprendente y mal fundamentada”. También cuestiona el momento del anuncio, justo al cierre de mandato de la ministra saliente Nancy Faeser.

Por su parte, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) asegura que AfD promueve la exclusión social de ciudadanos con raíces migratorias. El comunicado oficial afirmaba que el partido niega la pertenencia alemana plena a quienes tienen orígenes musulmanes. Esta visión, según la BfV, representa una amenaza para el orden democrático.

No obstante, la agencia no ha publicado el informe que sustenta esta acusación, lo que ha generado sospechas. Franz Josef Lindner, catedrático de derecho público, denunció la falta de transparencia en el procedimiento. Considera inaceptable que el dictamen permanezca en secreto mientras se divulga la evaluación.

La AfD responde

AfD ya ha presentado una demanda contra la BfV ante el tribunal administrativo de Colonia. La formación denuncia una maniobra política para desacreditarla antes de las elecciones europeas. En el pasado, la justicia ya respaldó parcialmente las alertas de inteligencia, aunque sin prohibir al partido.

Desde el mundo político del país germano, las opiniones están divididas, así como divididas están las sociedades occidentales. Mientras sectores verdes piden la ilegalización de AfD, en la CDU creen que esto no resolvería los problemas democráticos actuales. Por otro lado, altos cargos del partido socialdemócrata han aplaudido la petición del Ministerio del Interior. 

Lo que es seguro es que este es otro episodio que refleja la tensión (cada vez mayor) que debe soportar el establishment. Al caso alemán, se le unen la suspensión de las últimas elecciones en Rumanía, así como el intento de sacar a Marine Le Pen de la carrera por la presidencia del Elíseo.