La solución de Pere Aragonès para combatir la pobreza: dar más 'paguitas'

El Govern de la Generalitat ha firmado este martes el decreto ley para aumentar un 5,4% el Indicador de Renda de Suficiencia de Cataluña (IRSC). Se trata del indicador que establece el umbral de ingresos para acceder a prestaciones sociales de carácter económico. La decisión ha sido celebrada por entidades sociales, que llevaban tiempo reclamando la subida en el contexto de inflación y de crisis.

El President de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrado el aumento “indispensable para seguir reduciendo la exclusión social y la desigualdad económica”. El mandatario catalán ha defendido estas ayudas “para que todos los ciudadanos de este país tengan una vida digna”. Y ha aprovechado para redoblar la presión a los partidos de la oposición para aprobar unos presupuestos “más que necesarios”.

Esto contrasta con el éxito del gobierno italiano, que ha conseguido reducir el paro hasta límites históricos quitando la renta garantizada a las personas capacitadas para trabajar. Fue Giorgia Meloni quien consideró la Renta de Ciudadanía un derroche de dinero público que “perpetúa la miseria”. Incluso en España, los órganos competentes reconocen que este tipo de ayudas desincentivan la ocupación.

¿Qué significa este aumento?

El IRSC establece un límite de ingresos dentro del cual una persona puede acceder a las ayudas sociales. En 2023 se aprobó una subida del 8%, que fijó el valor del indicador en 755,82 euros mensuales (9.069 euros anuales). Esto significa que las personas cuyos ingresos no superan este umbral pueden solicitar las ayudas.

Las entidades sociales presionaron para subir el umbral “porque es claramente insuficiente teniendo en cuenta el actual contexto social y económico”. La subida del IRSC supone que más personas podrán solicitar las prestaciones previstas para casos de extrema pobreza. Las entidades piden ahora un modelo de revisión periódico “con criterios subjetivos”.

El IRSC es el medidor para acceder a ayudas como la renta garantizada de ciudadanía, las pensiones no contributivas y el mantenimiento de necesidades básicas. Esto incluye las prestaciones de los servicios sociales, que llegan a más de 250.000 personas. El Govern defiende la medida como un paso más en la lucha contra la pobreza. 

Sin los presupuestos aprobados

El IRSC se revisa periódicamente en base a los presupuestos generales, pero los de 2024 aún no están aprobados. Esto ha obligado al Govern a aprobar la medida mediante decreto ley “para no retrasar sus efectos”. El propio decreto establece que “se tiene que abordar desde enero de 2024 para evitar que las personas vulnerables vean agravada su situación”.

En todo caso, el President ha aprovechado para presionar a los partidos de la oposición ante la urgencia de aprobar las cuentas. Aragonès puso mediados de febrero como plazo, pero está lejos de obtener la aprovación de las demás formaciones. Esto complica la acción de gobierno, como se ha visto en este caso.

Por otro lado está el debate sobre si este tipo de ayudas reducen la pobreza o ayudan a perpetuarla. En el caso del Gobierno de Giorgia Meloni en Italia, tras quitar la renta garantizada a 169.000 familias, ha reducido el paro en 130.000 personas en tan solo seis meses. El Govern de la Generalitat, en cambio, ha optado por aumentar las ayudas como medida para reducir la pobreza.