Societat Civil Catalana para los pies a Puigdemont
La entidad recuerda que 'la justicia por encima de los intereses políticos'
PSOE y Junts siguen explorando fórmulas para un acuerdo de gobierno en España. Sobre la mesa sigue estando la ley de amnistía, en la que los independentistas quieren incluir ahora la amnistía fiscal. Es decir, una reducción o incluso condonación de la deuda de los líderes del procés condenados por malversación.
Sociedad Civil Catalana (SCC), la plataforma cívica opuesta al independentismo, ha reafirmado su compromiso con la justicia. Por eso seguirá al frente de la acusación particular en el juicio del 17 de noviembre contra los procesistas acusados de malversación de fondos públicos.
“La justicia está por encima de los favores políticos”, ha afirmado la entidad, comprometida con “el resguardo de nuestro ordenamiento jurídico también en Cataluña”. Se oponen así a las maniobras de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont para librar a los líderes del procés condenados por malversación. Entre ellos Oriol Junqueras, Artur Mas y el propio Carles Puigdemont.
3,4 millones de euros
Sociedad Civil Catalana ha sido uno de los bastiones frente al desafío independentista en Cataluña. En febrero de 2022 presentó una demanda ante el Tribunal de Cuentas contra exdirigentes procesistas, acusados de malversar 5,3 millones de euros en la organización del referéndum ilegal y la difusión internacional del procés.
La fiscalía rebajó finalmente la cifra a 3,4 millones. En todo caso, la causa incluye a los tres líderes citados, además de Raül Romeva, Dolors Bassa, Francesc Homs, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Neus Munté y Lluís Puig.
Junts ve ahora una grieta para rebajar aún más la cantidad a pagar, e incluso para alcanzar un pacto para la amnistía fiscal. Sociedad Civil Catalana ya ha dejado claro que no cederá en su acusación, más allá de los pactos políticos que se están fraguando. La entidad denuncia los tejemanejes entre socialistas e independentistas.
Preocupación en Cataluña
Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas permitió en 2021 que la Generalitat pagara las fianzas de los líderes del procés condenados. Es decir, el gobierno catalán pagó con dinero público las responsabilidades civiles de los exdirigentes políticos. Ahora, entidades como SCC temen que los independentistas vuelvan a salirse con la suya.
Las negociaciones entre PSOE y Junts ponen en alerta a gran parte de la sociedad catalana que ya vio vulnerados sus derechos durante el Procés. Temen que la amnistía dé alas a los dirigentes procesistas para volver a subvertir la ley en Cataluña.
La amnistía supondría no solo la eliminación de las responsabilidades penales sino también la suspensión de la inhabilitación para ostentar cargos públicos. Entidades como SCC se oponen a que los intereses políticos estén por encima de la justicia. Reivindican el orden jurídico como principal garantía de preservación de los derechos de todos los ciudadanos.
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