
Sale un nuevo caso DGAIA: detectan 'ilegalidades' en Salut que salpican a ERC y Junts
La Sindicatura de Cuentas emite un duro informe respectivo al ejercicio de 2022
La Sindicatura de Cuentas estrecha el cerco sobre el anterior Govern de Pere Aragonès. Después de destapar las irregularidades de la DGAIA en la Consejería de Asuntos Sociales, ha emitido un duro informe sobre la gestión en el Departamento de Salut. Concretamente sobre el ejercicio de 2022, cuando estaba en el cargo el consejero de Junts Josep Maria Argimon.

El caso se parece mucho al de la DGAIA, porque también se trata de irregularidades en la adjudicación de contratos y la gestión financiera. En este caso, la auditoría ha sido muy dura y habla de “incumplimientos graves de la legalidad”.
El escándalo de la DGAIA ha salpicado directamente a ERC, que ahora vuelve a verse salpicado por un nuevo caso de irregularidades durante su gobierno. Argimon (Junts) fue consejero hasta octubre de 2022, cuando fue relevado por Manel Balcells (ERC). Esto deja en evidencia la gestión de la Generalitat en manos de los partidos procesistas.
Informe muy duro de la Sindicatura de Cuentas
Quico Sallés ha destapado en El Món los detalles de la auditoría de la Sindicatura de Cuentas. Esta ha publicado un exhaustivo informe sobre el sistema de contraprestación de los servicios de atención hospitalaria y especializada de Salud correspondiente al año 2022.
El análisis critica duramente la gestión y la administración de los contratos y convenios con los proveedores. La auditoría, liderada por la síndica Maria Àngels Cabasés, señala varios "incumplimientos graves" en los procedimientos. Destaca las deficiencias en áreas clave como la coherencia interna, la eficacia, y la economía.
Los servicios de atención hospitalaria y especializada de agudos, financiados por el Servei Català de la Salut (CatSalut), suponen más de la mitad del gasto sanitario público. En 2022, estos servicios representaron un 54,2% del gasto total en asistencia sanitaria. Este sistema, que involucra a los hospitales públicos dentro del sistema de redes asistenciales de Cataluña (SISCAT), gestionó una significativa cantidad de actividades: más de 854.000 altas hospitalarias y casi 770.000 pruebas diagnósticas, entre otras intervenciones.
El informe señala una “falta de coherencia entre los objetivos del sistema de contraprestación y las directrices del Plan de Salud”. Critica que CatSalut no haya justificado de manera clara la asignación de ciertos servicios y programas. Como tampoco los criterios para fijar los montos asignados a los proveedores.
En particular, se subraya la discrecionalidad en la asignación de recursos a programas específicos. Lo cual, según los auditores, incumple principios esenciales de igualdad, transparencia e interés general.
Podría haber inflado los costos
Además, la auditoría cuestiona la eficacia y los criterios económicos detrás de los convenios entre CatSalut y las entidades proveedoras. La agrupación de varios centros hospitalarios en un solo convenio no se basa en criterios uniformes ni en principios de economía eficiente. Según la Sindicatura, este modelo podría estar inflando los costos, sugiriendo que los mismos servicios podrían adquirirse a un precio más bajo.
También se destaca que el sistema de contraprestación actual no cumple con los estándares legales. Muchos servicios prestados por el Institut Català de la Salut no están respaldados por los contratos programáticos establecidos por la legislación.
En términos de eficacia, la auditoría detectó resultados dispares. Aunque los incentivos para aumentar la actividad quirúrgica fueron efectivos, las penalizaciones para evitar los reingresos hospitalarios no lograron el impacto esperado.

De igual manera, la introducción de incentivos financieros para promover la hospitalización domiciliaria resultó en un aumento notable de este tipo de intervenciones. Mientras que otras iniciativas, como la cirugía ambulatoria, ya habían alcanzado sus máximos objetivos y perdieron efectividad.
La eficiencia del sistema también es puesta en entredicho, especialmente en lo que respecta al uso de los recursos públicos. Se alerta sobre el uso ineficiente de estos recursos. En particular en las urgencias hospitalarias, donde el sistema presenta distorsiones que pueden generar incentivos contrarios a las políticas de atención urgente de Cataluña.
Además, se señala que la falta de alineación entre el sistema de pago y otras políticas de financiación del CatSalut podría llevar a una sobrefinanciación de ciertos activos de los proveedores.
Recomendación de la sindicatura
El informe concluye que el sistema de contraprestación no garantiza una actuación pública efectiva en términos de eficacia, eficiencia y economía. Los auditores también resaltan que la falta de formalización de contratos y la firma extemporánea de cláusulas adicionales perjudican la transparencia y la legalidad del proceso.
Como recomendación, la Sindicatura insta a que la Generalitat realice una evaluación de impacto normativo sobre sus proyectos normativos. Insta a que CatSalut firme las cláusulas anuales con los centros proveedores antes de iniciar la actividad. Esta intervención es clave para mejorar la calidad, accesibilidad y eficiencia de los servicios de salud en la región.
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