Las recetas de la izquierda disparan el precio del alquiler en Barcelona

Los expertos advirtieron que la regulación del mercado produciría un efecto contrario al deseado. Los gobernantes en Cataluña prefirieron ceder a la presión del movimiento de la vivienda y entregarse al intervencionismo. Un año después de la limitación de precios del alquiler, la oferta se ha desplomado y los precios se han disparado.

Los nuevos datos del Observatorio del Alquiler demuestran que las recetas de la izquierda no han funcionado. La provincia de Barcelona lidera la caída de la oferta con 6.924 viviendas menos en el mercado. Esto ha provocado una tensión sin precedentes, con una ratio de 437 demandantes por vivienda.

El informe apunta que Cataluña fue “pionera” en la declaración de zonas tensionadas en 140 municipios. Pese a que su objetivo era limitar los precios, Barcelona se consolida como la provincia con los alquileres más caros: 1.656 euros mensuales de media, un 3,6% más que antes de aprobar el tope.

Cae la oferta y se disparan los precios

Una de las consecuencias de la regulación ha sido la retirada de pisos en oferta por parte de los fondos de inversión. Barcelona lidera esta caída, que se prevé de un 2% en 2025 respecto al año anterior. La caída de la oferta hace que haya más personas demandantes por una sola vivienda, lo cual dispara el precio del alquiler.

El año de inflexión fue 2021, cuando según el observatorio la oferta estaba en 192.850 inmuebles y el precio medio en 1.138 euros. Cuatro años después la oferta se ha reducido a 88.292 inmuebles, y el precio se ha disparado por encima de los 1.600 euros.

Las políticas de la izquierda ya demostraron ser un fracaso cuando gobernaron los Comuns en Barcelona. Ada Colau llegó a la alcaldía en 2015 procedente del movimiento de la vivienda. Ocho años después no solo no logró acabar con el problema, sino que la ciudad condal lideraba el aumento del precio de la vivienda en todo el Estado.

Esta tendencia se ha mantenido, e incluso se ha agravado tras el nuevo impulso regulador de los gobiernos de ERC y el PSC. Estas políticas generan una inseguridad jurídica que favorecen la retirada de la oferta y el aumento del mercado negro. 

Además de ahuyentar la oferta, los poderes públicos en Cataluña se han llenado la boca con la construcción de vivienda oficial. Pero después de años en el poder ha habido un claro déficit en este apartado. Según los últimos estudios, Cataluña necesitará 313.000 vivienda públicas en los próximos 15 años.