¿De qué ha servido el proceso?

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha admitido este martes durante una entrevista en Catalunya Ràdio que “una DUI no serviría de nada sin reconocimiento internacional”. 

Pero eso ya lo sabían. El propio Carles Puigdemont era consciente de ello cuando declaró la independencia unilateral aquel 10 de octubre del 2017. 

Tras el ‘referéndum’ del 1-0 afirmó, en el pleno del Parlament, que asumía “el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de República”.

Para, a continuación, afirmar que “por responsabilidad” proponía al Parlament suspender "los efectos de la declaración de independencia para emprender “un diálogo”.

Incluso llegó a afirmar que había “diferentes iniciativas de mediación, de diálogo y de negociación a nivel nacional, estatal e internacional”. “Algunas de estas son públicas, otras aún no, pero lo serán”, añadió.

No era cierto: nadie se había ofrecido de mediador porque, seis años después, no ha trascendido ningún nombre. Excepto el lehendakari Urkullu, que se ofreció a mediar con Rajoy.

Pero el propio Rajoy dejó claro en su declaración en el Supremo que hablar sí, pero que intermediar, no. Parece lógico pensar que difícilmente el presidente de un Gobierno aceptará el presidente de una comunidad autónoma para hablar con el de otra comunidad autónoma.

El independentismo más radical también ha insistido desde entonces que el referéndum del 2017 era el bueno y que solo había que “republicar”, “implementar” o “culminar” el resultado.

Aunque tras el juicio del Supremo y las numerosas causas abiertas, ni el propio Puigdemont; ni su sucesor, Quim Torra; ni Pere Aragonès, se han atrevido a hacerlo.

De hecho, ahora reivindican un referéndum de autodeterminación pactado, que invalida el 1-0, para evitarse nuevos quebraderos de cabeza, sobre todo judiciales.

Además, es la primera vez que Aragonès se expresa en estos términos. No lo había hecho nunca ni cuando fue diputado ni cuando fue vicepresidente del Govern con Quim Torra.

Por otra parte, hay un problema añadido -aparte de la oposición del Estado a la independencia de una parte de su territorio: la mayoría de catalanes no está por la labor.

La independencia, en efecto, casi nunca ha superado el 50% del censo electoral en las sucesivas votaciones. En la consulta del 9-N fueron 1,8 millones los que votaron a favor.

En las elecciones del 2015 los votos independentistas fueron 1,9 millones, un 47,8% del censo. Y, en las del 2017, 47,5% (más de dos millones).

El 50% solo fue superado en las elecciones del 2021, pero sumando el PdECAT, que no entró en el Parlament y perdiendo casi un millón de votos.

El descenso se ha confirmado en las últimas convocatorias. En las municipales de mayo, aunque sean otro tipo de elecciones, Esquerra perdió 300.000 votos y cayó tercera posición. En Lleida, otrora feudo republicano, los ‘populares’ llegaron a obtener cuatro concejales

Mientras que, en las generales, el PP sacó más votos que Esquerra o que Junts: 469.000 frente a 462.000 y 392.000 respectivamente. Incluso a pesar de quedar por debajo de las expectativas de Feijóo.

Por eso, en la rueda de prensa del pasado martes, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, afirmó que se habían hecho “avances” con el proceso.

Pero todos eran solo en materia penal: “la libertad de los presos, la derogación del delito de sedición” y una eventual amnistía. Para eso nos ahorramos el proceso y también sus consecuencias. Incluso las judiciales.