Europa Press El PSOE empieza a recular
Los jueces en pie de guerra por el acuerdo de investidura con Junts
El PSOE y Junts per Catalunya firmaron ayer un acuerdo en el que se emplazan a seguir negociando sobre sus discrepancias. Más allá de la amnistía, el documento es un ejercicio de imprecisión que deja muchas puertas abiertas. Tan solo unas horas después del anuncio, el PSOE ya ha reculado en uno de los puntos.
El acuerdo de investidura ha soliviantado a las asociaciones de jueces españolas por la inclusión en la amnistía de los casos de lawfare. Para los expertos, se trata de una clara injerencia política en el poder judicial. Los socialistas han reaccionado asegurando que no se inmiscuirán en las decisiones judiciales.
Esta primera fricción demuestra la fragilidad del acuerdo y su incapacidad para garantizar la estabilidad de la legislatura. El texto pone negro sobre blanco la lejanía y la desconfianza entre los dos socios de gobierno. De ahí la indefinición de los compromisos, que permite a los partidos recular y maniobrar a su antojo.
Vulnera la separación de poderes
Pero la recogida de cable del PSOE no es baladí. La inclusión de los casos de lawfare ha sido la gran obsesión de Junts y uno de los motivos por los cuales retrasó la firma del acuerdo. Poner en cuestión este punto de la amnistía refuerza la desconfianza de Junts hacia el PSOE y su cumplimiento de los acuerdos.
Santos Cerdán, artífice del acuerdo entre el PSOE y Junts | Europa Press
Los casos de lawfare son procesos judiciales que los independentistas consideran como montajes para una persecución política. Esto incluye por ejemplo el caso Volhov sobre la financiación rusa del procés, o la condena de Laura Borràs por corrupción. En virtud del acuerdo PSOE-Junts, los afectados podrán acogerse a la amnistía previa validación de las comisiones de investigación en el Congreso.
Jueces y fiscales emitieron ayer una declaración conjunta mostrando la preocupación por la vulneración de la separación de poderes. Afirman que en la práctica esto supone que el Congreso (poder legislativo) juzgará a los jueces. Lo cual, dicen, acerca a España a regímenes totalitarios como Polonia o Venezuela.
'Ataque sin precedentes a la independencia judicial'
La protesta ha sido formulada por las cuatro asociaciones judiciales del país, que califican de “inaceptable” el texto del acuerdo. Además, las dos asociaciones de fiscales, una conservador y la otra progresista, tildaron el texto de “ataque sin precedentes a la independencia judicial”.
El PSOE, acusado estos días de subvertir el Estado de derecho y cargarse la separación de poderes, reaccionó inmediatamente. Garantizan que “el Congreso no va a realizar en ningún caso una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial”. El partido de Pedro Sánchez deja claro que “el parlamento no fiscalizará a los jueces”.
Algo contradictorio con lo que se puede leer en el texto del acuerdo firmado por el PSOE y por Junts per Catalunya. Según dice, “las conclusiones de las comisiones de investigación se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía”. Y esta “debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que hayan sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos[de lawfare]”.
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