Europa Press, E-Noticies Los procesistas no ceden en su guerra contra los jueces
El PSOE, cómplice necesario
La ofensiva judicial se ha convertido en la principal herramienta de los partidos procesistas en su lucha contra el Estado español. Los casos de lawfare se han convertido en punta de lanza de las negociaciones con el PSOE. Y los independentistas siguen obsesionados con el caso Pegasus de espionaje.
Según informa El Mundo, el Parlament amenazó al juez del Tribunal Supremo de tomar medidas si no revelaba información sobre el caso Pegasus. La judicatura está en pie de guerra porque el acuerdo de investidura da alas a los independentistas para seguir con la persecución a los jueces. Es decir, para retorcer el Estado de Derecho.
La ofensiva judicial sirve a los líderes procesistas para salvar su pellejo en plena crisis de los partidos. De hecho, no tuvieron ningún reparo en mantenerse como acusación particular contra los activistas independentistas. Lo cual demuestra que lo que buscan con el lawfare y la amnistía son soluciones personales.
Soluciones personales
ERC busca la rehabilitación de Oriol Junqueras para recuperar el liderazgo ejercido durante el Procés. Junts sueña con el retorno de Puigdemont, y de paso quiere limpiar el expediente de figuras como Laura Borràs. Los intereses personales se disfrazan con la retórica de la amnistía como puerta del referéndum de autodeterminación.
El objetivo es desgastar el Estado | Europa Press, es.e-noticies.cat
Además, detrás de la estrategia judicial hay una calculada voluntad de desgastar al Estado de derecho y las instituciones del Estado. No es nada nuevo, puesto que la estrategia del exilio de Carles Puigdemont se ha basado todos estos años en la batalla judicial permanente. Ahora, la trinchera se traslada de Bruselas a Madrid.
Los partidos procesistas han puesto el acento de las negociaciones por la investidura en los casos de lawfare. Es una manera de que el Estado español reconozca que actuó de forma poco democrática con la persecución judicial a los independentistas. Persecución de la que también participaron los propios líderes procesistas.
Pedro Sánchez, cómplice necesario
Sin ir más lejos, el año pasado la CUP exigió a ERC y Junts retirar al Govern de la causa contra los activistas. El ejecutivo independentista prometió retirarse como acusación particular en caso donde no hubiera lesiones a los Mossos. Pero luego dijeron que “había voluntad política” pero “procesalmente era imposible”.
El estallido del escándalo de espionaje Pegasus, en 2022, abrió una veda para los líderes procesistas. Desde entonces han utilizado este caso para señalar al Gobierno español y a la propia judicatura. Hasta el punto de que el Parlament llegó a amenazar al juez Pablo Lucas de que cometía un delito si no desvelaba los datos del caso.
La otra cara de la moneda es Pedro Sánchez, a quien los jueces acusan de servir de muleta del independentismo en su intento de debilitar el Estado de derecho. El presidente ha llegado a admitir que, efectivamente, en España se han utilizado a los jueces para intereses de partido. El PSOE aceptó reconocer el lawfare a cambio de incluirlo en la ley de amnistía.
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