El presidente del CGPJ destapa el engaño de Pedro Sánchez con la amnistía

¿Cabe la amnistía en la Constitución? Esta es la pregunta que se hace toda España a raíz de la negociación entre PSOE y Sumar y los independentistas. Vicente Guilarte, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hablado en la Cadena Ser sobre su encaje en el ordenamiento jurídico español.

Para Guilarte, la amnistía debe tener unos “presupuestos” que ahora mismo, a su parecer, no se dan. “Legalmente cabe todo”, ha afirmado, “pero es una institución excepcional y hay que utilizarla con mucho tiento”. El magistrado advierte del riesgo que supone aprobar algo así “como mera coyuntura electoral”.

Además, ha criticado la visita de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz a Bruselas. “Me solidarizo con los jueces del Tribunal Supremo, que hicieron un trabajo inmejorable ateniéndose a la legalidad. Marchena es un jurista impecable que ha actuado siempre con lealtad institucional y sometiéndose al principio de legalidad: ¿qué sentirá él?”.

La amnistía, sí pero...

Guilarte ha explicado en Hora 25 de la Cadena Ser que hay dos elementos “que configuran la amnistía con cierta unanimidad en el ámbito mundial”. Uno es “que sea algo que interese más de lo que perjudica, que sea de interés general”. El segundo, “que haya un cierto consenso entre todos los afectados por ella”.

Para el presidente del CGPJ, no se cumplen ninguno de los dos requisitos. No de interés general, “porque sino hubiera ido en los programas de los partidos antes de las elecciones”. Y tampoco genera un consenso general, lo cual supone un problema porque “es una institución de difícil encaje”. 

Dice Guilarte que la amnistía "tiene que tener cierto consenso, obedecer a una nueva negociación del modelo territorial". Él no es partidario de una amnistía "sin un consenso mayoritario", aunque "hay elementos que lo pueden forzar". En este sentido, ha señalado "la necesidad y urgencia de los votos de Puigdemont".

Guerra a la vista

El Gobierno ya da por hecho que no habrá tiempo para aprobar una ley de amnistía con garantías antes de la investidura. Una de las soluciones pasa ahora por establecer las condiciones de la amnistía en un documento firmado. Y dejar la parte técnica de la ley para más adelante.

Pero la aprobación de la ley tampoco ahorrará al Gobierno la más que probable guerra política y jurídica que se abrirá después. El PP tiene previsto poner en marcha la maquinaria institucional para derogar la ley. Esto pasa por mociones en parlamentos y ayuntamientos, la mayoría del Senado e incluso las palancas judiciales.