¿Por qué Cataluña se ha convertido en un infierno para los empresarios?

Cataluña enfrenta desde hace años una serie de obstáculos que complican notablemente el desarrollo y crecimiento empresarial. Aunque la región sigue siendo un motor económico fundamental, el clima para emprendedores y empresas presenta numerosas dificultades. Estos problemas, que van desde la burocracia hasta la fiscalidad, configuran un panorama que muchos empresarios describen como un verdadero infierno.

Uno de los principales obstáculos detectados en Cataluña es la lentitud burocrática. Según datos del Banco Mundial recogidos en la última edición de sus 'Encuestas Empresariales', los empresarios catalanes tardan en promedio 93 días en obtener una licencia de actividad. Este plazo es muy superior a la media estatal, que se sitúa en 65,8 días. Además, la espera para cobrar un contrato público alcanza los 80 días, también por encima de la media nacional. Estas demoras suponen una carga para las compañías, que ven ralentizados sus proyectos y su liquidez.

La burocracia, además, es especialmente pesada y compleja. Organismos como FERA denuncian que el entramado administrativo en Cataluña, con más de 2.250 entes públicos y una estructura fragmentada, resulta muy ineficiente. Este entramado dificulta que las empresas puedan agilizar trámites y adaptarse con rapidez a las necesidades del mercado. Patronales como CECOT y Foment del Treball han reclamado una simplificación urgente de los procesos administrativos.

Los ejemplos de la burocracia excesiva son numerosos y, a menudo, ilustrativos del problema. Empresarios catalanes han relatado que abrir un supermercado puede llegar a tardar hasta ocho años debido a los trámites administrativos. Incluso empresas extranjeras, con recursos para negociar y presionar, optan por retrasar o cancelar proyectos por estas dificultades, como ha sucedido recientemente con una fábrica surcoreana que ha pospuesto su instalación dos años.

Y después está la fiscalidad

A estas trabas burocráticas se suma la carga fiscal, que en Cataluña es especialmente elevada. La comunidad autónoma cuenta con once impuestos propios, una cifra superior a la de cualquier otra región. Esta situación empeoró tras la pandemia, con la eliminación de bonificaciones y la introducción de coeficientes multiplicadores en algunos tributos.

Este escenario contrasta con el de la Comunidad de Madrid, que mantiene una política fiscal más atractiva para las empresas. Esta competencia territorial en materia fiscal genera tensiones políticas, y es uno de los principales debates actuales entre el PSC y sus rivales. En este sentido, Salvador Illa, ha dejado claro que no está en sus planes reducir impuestos.

En suma, la combinación de una administración pública lenta y fragmentada, la elevada presión fiscal y ciertas deficiencias en el mercado laboral colocan a Cataluña en una posición complicada para el desarrollo empresarial. Estas dificultades afectan tanto a las grandes compañías como, de manera aún más severa, a las pequeñas y medianas empresas, que son el motor fundamental de la economía regional.