La política, encallada en el Congreso: la calculada guerra fría entre Junts y el PSOE

Hace unos meses, Alejandro Fernández dijo aquello de que el ‘procés’ se había trasladado al Congreso. Por ‘procés’ podemos entender muchas cosas, pero una de ellas es que la política ha quedado relegada a un segundo plano. Ahora mismo, en la política española se discute mucho, se debate poco y se aprueba (prácticamente) nada. Básicamente, lo que se ha vivido en Cataluña en casi la última década como consecuencia del ‘procés’.

En estos momentos, la legislatura está encallada. Pedro Sánchez ya ha aplazado dos veces la votación sobre la senda del déficit. Muchas iniciativas han embarrancado en el Congreso porque el Gobierno no goza de una mayoría sólida. Y los presupuestos de cara al 2025 no solo siguen en el aire, sino que cada vez hay más opciones de que el ejecutivo tenga que prorrogarlos por segundo año consecutivo. Algo que también fue habitual en Cataluña. Aquí, en seis años, se prorrogaron hasta cuatro veces.

Cada vez está más claro que Junts no pondrá las cosas fáciles al PSOE. Por lo menos, hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la amnistía de Puigdemont (y esto será, como mínimo, dentro de medio año). Tampoco ayuda a la relación entre juntaires y socialistas las largas que está dando el Gobierno en algunas de las concesiones prometidas (como el traspaso de las competencias en inmigración) o el acuerdo entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Sin embargo, el hecho de que la amnistía de Puigdemont dependa de la mayoría progresista del Constitucional provoca que la opción de que los juntaires hagan caer el gobierno sea entre poco y nada probable. Se necesitan unos a otros y quizás más Junts al PSOE que no al revés. Y es que, como ya se intuía, la política del partido mayoritario del procesismo va de Puigdemont y su amnistía. Y no dejarán que se desmorone todo mientras esperan la resolución del TC.

Así es como está encallada la política en el Congreso. Junts puede apretar, pero no ahogar. Y, a la espera del Constitucional, Pedro Sánchez puede ir gobernando poco, a golpe de decretazo cuando sea imprescindible, dando alguna pequeña concesión y prorrogando lo que haga falta. Una forma de gobernar agónica, pero que en la política cortoplacista que vivimos, ya le sirve para mantenerse en Moncloa. Que, al fin y al cabo, es su principal objetivo.

En estos momentos de impasse, el Gobierno intenta (o intentará) dar pequeñas concesiones a los procesistas. Pero hasta cierto punto. Con su frágil mayoría en el Congreso y con unas comunidades autónomas en pie de guerra por el pacto sobre financiación en Cataluña con ERC, el margen de maniobra es el que es. En definitiva, vivimos una especie de guerra fría entre el ejecutivo de Pedro Sánchez y Junts en la que a ninguno de los dos le interesa que descarrile todo. Mientras, claro, habrá toda la gesticulación necesaria para que las respectivas parroquias duerman lo más tranquilas posibles.

Junts ya dice aquello de que “no damos los votos a cambio de nada”. Como si esto no hubiera sucedido ya. Y el Gobierno sigue rebajando en público las expectativas procesistas diciendo que no habrá más concesiones que distorsionen la relación con otras comunidades o socios del ejecutivo. Como si esto no hubiera sucedido ya. Un juego de equilibrios que mantendrá encallada la política española y que no se resolverá hasta que el TC no decida qué hacer con la amnistía a Puigdemont. Será entonces cuando se entrará en otro escenario: ¿la legislatura habrá llegado a su fin?