El pequeño pueblo de Cataluña que ha detectado 123 empadronamientos fraudulentos

Un pequeño pueblo de Cataluña ha dado la voz de alarma tras detectar 123 casos de empadronamientos fraudulentos. Se trata de Balenyà, un municipio de Osona que cuenta actualmente con 3.969 habitantes y que ha alertado que más de un centenar de extranjeros querían "obtener beneficios sociales" tras proporcionar datos "no reales".

El periódico local El 9 Nou publicó que una operación conjunta entre la Guàrdia Urbana de Balenyà y la Policía Nacional destapó esta causa de macrofraude. Desde el Ayuntamiento de la localidad explicaron a este medio que se descubrieron inscripciones "que no eran reales" y que tenían el "objetivo de obtener beneficios sociales por parte de personas extranjeras". Entre estos beneficios había "ventajas económicas a los propietarios de las viviendas y titulares de los contratos de alquiler".

Y es que, una vez conseguido el padrón, los beneficiados podían obtener, entre otras cosas, el acceso a servicios públicos como es tener tarjeta sanitaria. Una vez destapado el caso, las autoridades ya han empezado a aplicar las sanciones correspondientes para cada uno de los casos detectados de empadronamientos fraudulentos.

Según la ley de extranjería, las sanciones relativas a los empadronamientos ilegales por parte de inmigrantes que quieren empadronarse en lugares donde no viven en realidad oscilan los 501 y los 10.000 euros.

Desde el Ayuntamiento de Balenyà aseguraron a El 9 Nou que los casos de fraude detectados forman parte del "esfuerzo continuado para erradicar prácticas fraudulentas que comprometen los recursos municipales y el derecho al acceso a servicios esenciales" como la sanidad o la educación públicas.

Este caso de empadronamientos fraudulentos estalla justo cuando la Generalitat está presionando a los ayuntamientos de Cataluña para que empadronen a todo aquel que lo pida, incluso cuando viva, por ejemplo, en cuevas. El Govern instó a las administraciones locales a hacerlo "con celeridad", a pesar de que los ayuntamientos tienen hasta tres meses, según la ley, para comprobar que los datos aportados por los solicitantes sean reales. Además, desde la Generalitat también se exige a las policías que, en el caso de tener que comprobar la veracidad de estos datos -presentándose a dichos domicilios- lo hagan sin el uniforme oficial.