Montaje de fotos de primer plano de Pedro Sánchez con rostro serio y, de fondo, una imagen de José Luis Ábalos cabizbajo

POLÍTICA

Pedro Sánchez conocía el caso Koldo desde hace más de tres años

Un abogado que interpuso una demanda contra Ábalos en 2020 envió la información a Moncloa para que ‘la Presidencia del Gobierno se enterara del asunto’


Casi tres años de envíos. Este es el tiempo que estuvo el abogado Ramiro Grau enviando cartas y material a La Moncloa. En 2020, en plena pandemia, denunció al exministro Ábalos ante el Tribunal Supremo por cohecho y tráfico de influencias. El TS desestimó la denuncia y ahora, casi cuatro años después, los hechos han salido otra vez a la luz.

Según ha podido saber El Confidencial, Grau nunca recibió respuesta por parte de Presidencia. Poco antes de estos hechos, el antiguo jefe de gabinete de Moncloa, Iván Redondo, se enorgullecía de que se respondían todas las cartas que llegaban a Presidencia.

Cartas para Moncloa

El protagonista de esta historia es un ciudadano que, hasta hace poco, era anónimo. Se trata del abogado Ramiro Grau. En 2020, en los momentos más duros de la pandemia, interpuso una demanda en el Tribunal Supremo por entender que la adjudicación de un contrato de material sanitario en Zaragoza presentaba delitos de cohecho y tráfico de influencias. La empresa beneficiada de los contratos fue la misma que ahora está siendo investigada: Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.

El quid de la cuestión está en que, al mismo tiempo, Grau informaba de sus actuaciones a La Moncloa. Según ha explicado él mismo a El Confidencial, “Eran copias de los documentos sobre el asunto. He debido de mandar alrededor de media docena, fundamentalmente para que la Presidencia del Gobierno se enterara del asunto”.

Grau insiste en que nunca recibió respuesta por parte de La Moncloa. No se sabe si esta información llegó o no al Presidente. En cualquier caso, no es descartable que Sánchez estuviera al tanto de estas informaciones por otras vías. Lo que abona esta sospecha es que nunca se acabó de aclarar el motivo por el que cesó al Ministro Ábalos, que era uno de sus más fieles escuderos. Por su parte, el presidente Sánchez ha insistido estos días en que él no estaba al tanto de esta situación.

El Tribunal Supremo desestimó la denuncia

Cansado de no recibir respuesta, Ramiro Grau dejó de enviar cartas en 2023. A consultas de El Confidencial, Moncloa no ha dicho nada sobre si respondieron a las cartas o sobre si quedaron registros de sus llegadas. Por aquel entonces, el antiguo jefe de gabinete del Presidente, Iván Redondo, se enorgullecía en público de que Moncloa respondía a todos y cada uno de los mensajes que recibía Presidencia. Incluyendo los mensajes que no provenían de ciudadanos corrientes que simplemente querían ponerse en contacto con el Presidente del Gobierno.

Sánchez ha contestado a casi todas las cartas que le llegan de los ciudadanos

Algunas de las cartas de Grau llegaron mientras Redondo todavía era jefe de gabinete. Así que, a menos que la excepcionalidad de la pandemia hubiera implicado algún cambio de política sobre este asunto, queda pendiente de aclarar porque sus mensajes no tuvieron réplica. Aunque fuera para decirle que ese era un asunto que estaba en manos de la justicia.

Por otra parte, Moncloa no puede alegar que fueran cartas soeces o difamatorias porque la Fiscalía sí respondió a Grau. De hecho, le respondió y tuvo en cuenta las informaciones proporcionadas por el abogado a la hora de investigar la querella criminal.

Al final, el Tribunal Supremo desestimó la denuncia que interpuso Grau. El TS entendía que se trataba de una situación extrema que justificaba que se firmaran contratos sin concurso público. Por ello, los jueces concluyeron que la denuncia contra el exministro Ábalos carecía de recorrido penal.

Ahora bien, el TS no cerró la puerta a investigar al resto de implicados. Algo que ha explotado estos mismos días con la detención del asistente personal del exministro, Koldo García Izaguirre. Por el momento, el caso está siendo investigado por la Audiencia Nacional, que coordina el trabajo de Anticorrupción y de la UCO.

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