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Pedro Sánchez activa la maquinaria para salvar a Carles Puigdemont
El fiscal general del Estado intercede para que los fiscales del Tribuanl Supremo emitan un informa favorable
A estas alturas van quedando claras dos cosas, que esto va de salvar a Carles Puigdemont y que Pedro Sánchez hará todo lo posible por hacerlo. El Gobierno ya ha puesto en marcha la maquinaria para contrarrestar la acusación de terrorismo en la Audiencia Nacional. Este será el gran caballo de batalla para la aprobación de la ley de amnistía.
El portazo de Junts a la ley de amnistía la semana pasada hizo saltar todas las alarmas en Moncloa. Pese a los reproches iniciales, PSOE y Junts se conminaron a trabajar para una salida satisfactoria para ambos. Para el partido de Puigdemont, esto pasa por una ley que blinde a su líder de las maniobras de los jueces para sacarlo de la amnistía.
En paralelo a las negociaciones para mejorar el redactado de la ley, el PSOE se ha puesto manos a la obra para neutralizar la ofensiva judicial. Este martes se reunirán los fiscales del Tribunal Supremo para valorar los indicios del caso Tsunami Democrátic. Según ha revelado El Mundo, el fiscal encargado de redactar el informe habría corregido sus valoraciones.
Intercede el fiscal general del Estado
Según El Mundo, el fiscal Álvaro Redondo, encargado de redactar el informe, elaboró primero un escrito donde apreciaba indicios de terrorismo contra Puigdemont. Este informe, con fecha del 26 de enero, avalaba la competencia del Tribunal Supremo para abrir una causa contra el expresident. Pero cuatro días después redactó un nuevo informe instando al alto tribunal a rechazar la imputación de Puigdemont por terrorismo.
Entre un informe y el otro media la reunión que tuvieron Redondo y Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Tras aquella reunión, el fiscal del Supremo cambió su criterio. Pasó de avalar la tesis del juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, a considerar que no Puigdemont no puede ser investigado por terrorismo.
La mediación del fiscal general del Estado asienta las sospechas sobre la intervención del Gobierno en el poder judicial, a favor de Puigdemont. El Ejecutivo está dispuesto a utilizar todos los resortes a su alcance para salvar la legislatura. Pero esto añade más malestar en la judicatura, que lleva tiempo acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de poner en entredicho la separación de poderes.
El fiscal redactó un nuevo informe
El 26 de enero, cuatro días antes de la votación de la ley de amnistía en el Congreso, el fiscal del TS Álvaro Redondo elaboró un primer informe. En él habla de “la participación de Puigdemont con la evidente intención de atentar gravemente contra la paz pública”. Por eso, añade, “puede considerarse como delito de terrorismo”.
Para sorpresa de sus compañeros fiscales, Redondo cambió su criterio el 30 de enero, el día después de la votación de la ley de amnistía en el Congreso. Ese día presentó un segundo informe en el que alega que en las acciones de Tsunami Democràtic no se produjeron delitos graves. Este martes se reunirá la Junta de Fiscales, pero el Gobierno ha dado el primer paso para salvar a Carles Puigdemont.
Hay que recordar que Junts rechazó la ley de amnistía porque con el actual redactado no se garantiza la protección frente a la persecución de los jueces. Fue Puigdemont en persona quien ordenó a los diputados de Junts votar en contra de la ley. Pese a hablar en nombre de todos los encausados, está claro que el objetivo es salvar al líder.