El Parlament ya escenifica el cambio de rumbo en la política catalana

Aunque sea con las cifras del anterior Parlament, la votación que hubo ayer para regular los alquileres de temporada es reveladora de por dónde irá la nueva legislatura. Se trata del decreto regulatorio que el Govern de Pere Aragonès presentó dos días antes de la campaña electoral del 12M.

El objetivo de este decreto era tapar el previsible vacío legal que trajo la ley de alquileres: que los propietarios trasladaran sus viviendas al alquiler temporal. El motivo para esto es que la ley estatal hace una excepción con el alquiler de temporada. Como ya explicamos en E-Notícies, este tipo de regulaciones no son eficaces porque el mercado ya se encarga de diseñar astucias como la de trasladar las viviendas al alquiler temporal o dividir el piso y alquilar las habitaciones.

Sea como fuere, este decreto no ha salido adelante y el sentido de los votos de los diferentes partidos ya apunta al nuevo panorama político que habrá en Cataluña. Después de varios años insistiendo en las regulaciones, parece que a Cataluña le ha bajado la fiebre reguladora. Además, los partidos con más tendencia a regular - ERC, Comuns y la CUP - han sido precisamente los peor parados en las elecciones.

Dos intentos anteriores

En 2020, con Quim Torra como presidente, la Generalitat empezó con la regulación del alquiler turístico. El texto fue aprobado con una  mayoría de Junts, ERC, Comuns y CUP y su principal impulsor fue el Sindicat de Llogaters, un ente tradicionalmente sobrerrepresentando en la política catalana.

Lo más destacado de la aprobación de esa ley fue la actitud de Junts. A pesar de que el Consejo de Garantías Estatutarias advirtió al Govern de Torra de que era una ley inconstitucional, Junts votó a favor. Y, efectivamente, así fue: poco después de la aprobación de la ley, el Tribunal Constitucional dijo que Cataluña no tenía asignadas esas competencias. Ocurre que, por aquel entonces, el discurso del conflicto con el Estado cotizaba al alza en Cataluña.

Tres años después, en diciembre del 2023, fue la última ocasión en la que el Parlament votó a favor de regular o limitar el alquiler vacacional. Con una mayoría de 78 diputados conformada por ERC, PSC, Comuns y CUP, el Parlament dio luz verde al Proyecto de Ley de Aragonès de poner un tope de 10 alquileres turísticos por cada 100 habitantes.

El PSC pone el freno

Y a tenor de la votación de ayer en la Diputación Permanente del Parlament, parece que se ha perdido el clima político favorable a la regulación.

Además del interés electoral de ERC de presentarlo dos días antes de la campaña, el objetivo del decreto era llenar el vacío legal de la ley estatal de alquileres. Como explicó el Idealista - y antes lo advirtieron multitud de expertos -, la ley de alquileres hizo que se desplomara el alquiler permanente y aumentara en un sospechoso 60% el alquiler temporal. O sea, el traslado de oferta era (y es) innegable.

En clave política, lo relevante de la votación de ayer fue que el PSC se abstuvo. Los socialistas saben que si al final hay que regular, ya lo hará Salvador Illa si sale presidente. Por otro lado, Junts invierte su discurso y pasa de desoír las advertencias de los juristas en 2020 a decir ahora que han votado en contra porque no querían generar “falsas expectativas con normas que vayan a ser impugnadas en los tribunales”.

Aunque lo más destacado es que el discurso intervencionista de ERC, Comuns y CUP ha sido el más desplazado por los resultados electorales. De hecho, los republicanos ya intentan adelantarse a los acontecimientos y hablan de que “lamentamos que, nuevamente la sociovergencia impida los avances del país”.