Mossos d'Esquadra 8 de cada 10 denuncias contra la seguridad ciudadana en Cataluña quedan sin sanción
El sindicato mayoritario de Mossos ha vuelto a mostrar su preocupación
El Govern de Salvador Illa asumió la responsabilidad de doblegar la curva delincuencial y reducir la inseguridad en Cataluña. Para ello aumentó la presencia policial e impulsó reformas judiciales. El President de la Generalitat suele reivindicar su contundencia contra la delincuencia, recordando que "en Cataluña quien la hace la paga".
¿Pero es realmente así? Según el sindicato mayoritario de Mossos d'Esquadra, el 81,8% de las denuncias levantadas por los cuerpos policiales en Cataluña acaban prescribien o o caducando. Lo cual pone en riesgo la eficacia en la protección de la seguridad ciudadana.
El trabajo de la policía acaba siendo muchas veces infructuoso | Mossos d'Esquadra
Entre las infracciones denunciadas que acaban quedando en nada, hay delitos graves como la tenencia y uso de armas y el tráfico de drogas. También la desobediencia y resistencia a la autoridad, así como faltas de respeto hacia los agentes de policía. El sindicato ha pedido conocer nuevamente el estado de los expedientes contra la Ley 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana.
El sindicato SAP-SME-FEPOL denunció esta anomalía enagosto de 2024, pero meses después no ha habido ningún avance. La consejera de Interior, Núria Parlon, se comprometió a corregir progresivamente la situación y a informar periódicamente sobre los avances. Casi diez meses después, SAP-SME-FEPOL no ha recibido datos concretos ni informes claros sobre la evolución de los expedientes.
Del 22% a más del 80%
En la última reunión, el sindicato volvió a constatar el problema que implica la caduciad de ocho de cada diez denuncias que realiza la policía. Según afirman, no han recibido datos de las sanciones impuestas en relación con todas las denuncias. Por el contrario, afirman que "quedó claro que la crisis denunciada el año anterior persiste sin cambios significativos".
El SAP-SME-FEPOL reafirmó que Interior tiene la obligación de gestionar eficazmente todas las denuncias relacionadas con la Ley 4/2015. No solo las del cuerpo de Mossos d’Esquadra, sino también las de otros cuerpos policiales en Cataluña. Sin embargo, lamentan que la gestión actual dista mucho de ser eficiente.
El sindicato atribuye las causas a la reorganización impulsada por el exconsejero Joan Ignasi Elena. Este trasladó la tramitación de expedientes sancionadores desde la Dirección General de la Policía a los Servicios Territoriales de Interior. Bajo la excusa de buscar una gestión más “neutral y garantista”, esta medida llevó a un aumento dramático de la prescripción del 22% a más del 80%.
Señalan al exconsejero Elena como responsable | Europa Press
Además, se elaboró un documento de criterios que condiciona la tramitación de denuncias vinculadas a derechos fundamentales. Esta estrategia ha contribuido a la inacción frente a infracciones relacionadas con el orden público, lo que preocupa al sindicato.
Pone en riesgo el orden y la seguridad ciudadana
Esta elevada tasa de prescripción afecta gravemente la seguridad pública en Cataluña. No sancionar comportamientos ilegales como la tenencia ilícita de armas o el consumo de drogas en la vía pública pone en riesgo el orden y la seguridad ciudadana.
El sindicato también cuestiona qué ocurre con las armas retiradas en operaciones específicas, como el Plan DAGA, que incluye horas extraordinarias para los agentes. ¿Se devuelven si no se imponen sanciones administrativas? Esta incertidumbre genera inquietud en los cuerpos policiales.
Desde SAP-SME-FEPOL consideran que la gestión realizada por el anterior Departament d’Interior fue precipitada y con falta de previsión. Los problemas técnicos del programa de gestión de expedientes, la insuficiente dotación de personal y la carencia de control efectivo sobre los expedientes evidencian un sistema deficiente.
Exigen revertir la situación
Según datos aportados por la Dirección General de Administración de la Seguridad (DGAS), desde septiembre de 2024 hasta mayo de 2025 se han iniciado apenas el 60% de los expedientes. Lo que significa que un 40% prescriben sin siquiera comenzar su tramitación. Este dato demuestra que el principal problema no es solo la apertura de expedientes, sino la finalización efectiva con sanciones.
SAP-SME-FEPOL reconoce que esta “patata caliente” la heredó el actual Departament d’Interior. Pero advierte que si no se reduce urgentemente la tasa de prescripción, solicitará volver al modelo de gestión anterior.
Desde el inicio de la legislatura, el sindicato confió en que la DGAS revertiría esta situación. Pero recuerda que esa confianza tiene un límite y exige soluciones inmediatas para garantizar la eficacia de la administración de justicia en materia policial.
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