La nueva ley permitirá regularizar inmigrantes con antecedentes penales en España

Este martes ha entrado en vigor el nuevo reglamento de extranjería en España que relaja las condiciones para obtener los papeles. Se trata de un camino a la inversa de la tendencia actual en la UE. Mientras los países cierran fronteras y endurecen las condiciones para frenar el colapso migratorio, España hace justo lo contrario.

La puesta en marcha de este nuevo reglamento hace que a partir de ahora sea mucho más fácil para los inmigrantes regularizar su situación. Se rebajan de tres a dos los años de empadronamiento para recibir los papeles. También será más fácil la reagrupación familiar.

En virtud de la nueva ley, que beneficiará a 50.000 inmigrantes en Cataluña, ya no será obligatorio un contrario de 30 horas sino de 20. Para traer un familiar ya no hará falta estar casado y la edad máxima para traer a los hijos aumenta hasta los 26 años.

Entre las nuevas condiciones hay una especialmente polémica, y es que a partir de ahora los que tengan antecedentes penales también podrán regularizar su situación. Además, ya no será necesario hacer ningún curso de catalán para obtener los papeles.

Polémicas medidas

Aunque hasta ahora el historial delictivo impedía el acceso a la regularización, ahora ya no será un factor computable. Esto es muy polémico, porque la mayoría de los multirreincidentes en Cataluña son extranjeros. Y esto ha aumentado la petición de deportar a los extranjeros delincuentes.

No solo no se han acelerado las deportaciones sino que ahora los delincuentes podrán regularizar su situación para quedarse definitivamente en Cataluña. Esto reabre el debate sobre la vinculación entre inmigración masiva y seguridad, y la gestión de la seguridad pública.

La inmigración plantea numerosos retos para Cataluña, que es de largo la comunidad que más inmigración absorbe en el Estado español. La nueva reglamentación supone también un desafío para el traspaso de las competencias de inmigración acordado por Junts. El traspaso se justificaba por un control más férreo de la inmigración en territorio catalán.

La no exigencia del catalán también causa polémica en Cataluña, donde la sustitución demográfica supone un reto mayúsculo para una lengua minorizada. El Govern ha aprobado recientemente el Pacte Nacional per la Llengua con medidas para potenciar y favorecer el catalán. Pero al mismo tiempo el Gobierno central elimina la obligación del catalán para acceder a la ciudadanía.

¿Efecto llamada?

La nueva regulación migratoria ha sido criticada por sectores que alertan de un efecto llamada. En un momento en el que los países del entorno están cerrando fronteras, la relajación de las condiciones en España hará que muchos inmigrantes elijan nuestro país como destino.

El Gobierno de Pedro Sánchez planea además acelerar la regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes ilegales en España. Es una de las exigencias de ERC y Podemos. La iniciativa legislativa lleva tiempo bloqueada precisamente por la falta de entusiasmo del PSOE, que ahora sí ve oportuno ponerla en marcha.