El Gobierno quiere regularizar 200.000 inmigrantes en Cataluña antes de las elecciones

Ayer, martes 20 de mayo, entró en vigor un nuevo Reglamento de Extranjería que cambiará la situación de miles de inmigrantes en España. Esta reforma busca regularizar a casi un millón de personas en tres años. En Cataluña, se espera que 200.000 inmigrantes obtengan la residencia legal antes de las elecciones autonómicas de 2027.

El objetivo principal (y declarado) del Gobierno es simplificar trámites y eliminar duplicidades en los procesos de regularización. En este sentido, se han flexibilizado requisitos y reducido el tiempo mínimo de residencia para acceder a la legalización de tres a dos años. Además, se ha ampliado la figura del arraigo, dividiéndola en cinco categorías distintas. 

Entre las novedades también se encuentra la mejora en la reagrupación familiar. Ahora, hijos hasta 26 años y parejas no registradas formalmente podrán beneficiarse del nuevo reglamento. La intención legislativa es facilitar la integración y garantizar estabilidad a las familias inmigrantes.

Cataluña en la mirada de Sánchez

Esta situación interpela de especial modo a Cataluña, que concentra gran parte de la población extranjera en situación irregular. Según datos oficiales a los que tuvo acceso Vozpopuli, durante 2024 se resolvieron 290.000 solicitudes en Cataluña. En lo que va de 2025, se han resuelto ya 54.000 expedientes iniciales y se prevé acelerar el proceso.

Para facilitar esta regularización, el Gobierno ha aumentado un 30% a 40% los recursos en las oficinas de Extranjería en Cataluña. Este incremento busca reducir la burocracia y agilizar la tramitación de solicitudes. Así, se espera atender a la gran demanda de regularizaciones antes de las próximas elecciones.

Como viene siendo habitual, el Ejecutivo destaca que la inmigración es un factor clave para la sostenibilidad económica y social del país. El envejecimiento de la población hace necesaria la incorporación de trabajadores extranjeros. Además, se considera que esta política beneficia al sistema de pensiones y servicios públicos. Como se ha explicado en E-Notícies, este modelo genera buenos datos macro, pero unos pésimos datos micro en términos de renta per cápita.

Sin embargo, la medida también tiene una clara dimensión política. Es evidente que, con esta medido, el Gobierno pretende consolidar el voto inmigrante, mayoritariamente favorable al Partido Socialista. De hecho, este sector demográfico podría influir decisivamente en los resultados electorales de Cataluña, que ahora es una pieza clave en la estrategia 'sanchista'.

Paralelo a esto, el Gobierno ha maniobrado para intentar rebajar el principal riesgo de su política migratoria. Nos referimos al auge de formaciones identitarias contrarias a la inmigración, que, en Cataluña, se concentran en Aliança Catalana y Vox. Esto explica una doble jugada que el PSOE ha hecho con el procesismo y, en particular, con Junts.

La primera es iniciar un proceso de transferencia de las competencias migratorias a Cataluña. Esto le permite a Sánchez dar aire a su socio Junts, que tiene un serio problema con la presión de Aliança Catalana. Al mismo tiempo, y mientras dura el proceso de negociación y transferencia, Sánchez se garantiza el apoyo de Junts dentro de 'Frankenstein'.

La segunda ha sido excluir a Cataluña del reparto de 'menas' porque se ha evidenciado que los 'menas' representan una factura política para los partidos, sobre todo en el ámbito municipal. Con esta concesión, el PSOE otra vez le permite a Junts ponerse la medalla de esta medida para así esgrimir un logro ante su electorado. Queda, pues, de manifiesto que los partidos ya se orientan a 2027.