Nueva alianza en Europa para frenar la inmigración ilegal

Algo está cambiando en Europa. Si hasta hace poco la mano duro contra la inmigración ilegal era un tabú, ahora cada vez más países están uniendo sus fuerzas para atajar el problema de la inmigración masiva. Un ejemplo es el acuerdo que han firmado Austria y Gran Bretaña para externalizar las solicitudes de asilo en un tercer país.

Uno de los problemas con los que se encuentran los países receptores de inmigración es la acumulación de solicitantes de asilo. Gran Bretaña y Austria parecen haber encontrado la solución para que los irregulares no se queden una vez rechazada la solicitud. Aunque sus planes chocan con las leyes y los tribunales.

La propuesta de estos dos países coincide con otra alianza, forjada la semana pasada entre cinco estados nórdicos. Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Finlandia firmaron un acuerdo para agilizar la expulsión de los inmigrantes una vez rechazada su solicitud. El frente antiinmigración se expande por Europa.

Una nueva propuesta

El acuerdo entre los gobiernos austríaco y británico explora una nueva vía en la gestión de la inmigración irregular en la Unión Europea. Gran Bretaña ha intentado durante años gestionar las solicitudes de asilo en Ruanda antes de resolver su aprobación o denegación. Pero los tribunales habían rechazado la fórmula como ilegal.

Austria quiere ahora seguir la “vía ruandesa” y tramitar la solicitud en un tercer país antes de decidir si la persona puede venir o no. Esto evitaría que los solicitantes rechazados se queden en la UE, como sucede en muchos casos. Esta misma fórmula fue tanteada por Dinamarca, pero se encuentra en standby.

Según la ministra de Interior británica, Suella Braverman, se trata de “proteger nuestras fronteras, derrotar al extremismo y mantener a salvo a nuestra gente”. Por su lado, el canciller austríaco, Karl Nehammer, ha defendido la medida “para que los solicitantes ya no puedan esconderse en la UE”. Austria se encuentra en período preelectoral, y la inmigración es uno de los principales temas de debate.

140 millones al año

Gran Bretaña firmó un acuerdo con Ruanda consistente en el pago de 140 millones de euros al año para acoger solicitantes de asilo. Si la solicitud es aprobada, la persona se queda viviendo en Ruanda, y si es denegada, lo expulsan a su país. Pero el alto tribunal británico rechazó el plan por considerar Ruanda un país inseguro.

El último país en mostrar su preocupación por la inmigración fue Alemania, donde el canciller socialdemócrata Olaf Scholz llegó a proponer las deportaciones masivas. Esto llamó la atención por venir precisamente de un representante de la socialdemocracia. Lo cual demuestra que la preocupación va más allá de la ultraderecha.