Lluís Puig, el último de Waterloo que vuelve a agitar la desobediencia del Parlament

El 3 de julio de 2017 Lluís Puig fue nombrado Consejero de Cultura del Govern que presidía Carles Puigdemont. El egarense llevaba seis años ostentando la Dirección General de Cultura Popular, Asociacionismo y Acción Cultural de la Generalitat. Antes de entrar en la política institucional, este experto en música, danza y producción audiovisual, y aficionado a las sardanas, había sido director artístico del Mercat de Música Viva de Vic y de la Fira Mediterrània.

Pero como muchos consejeros de Puigdemont, Puig adquirió verdadera relevancia pública a raíz de la declaración de independencia, la disolución del gobierno catalán y todo lo que vino después. Lluís Puig fue uno de los consejeros que se fugó junto con Puigdemont, y desde el principio jugó un papel fundamental en la estrategia del “exilio” del expresident. El exconsejero vuelve a protagonizar ahora junto a Puigdemont un nuevo conflicto judicial que complica la constitución del Parlament.

El Tribunal Constitucional ha respaldado el recurso de amparo presentado por el PSC ante la decisión de la anterior Mesa de permitir el voto telemático de Lluís Puig desde Bélgica. El alto tribunal anula su voto frustrando así las intenciones de Carles Puigdemont de controlar la Mesa del Parlament para ser designado candidato a la formación de gobierno. ERC, que obtendría la presidencia de la Mesa a cambio de designar candidato a Puigdemont en lugar de Illa, ya ha mostrado su intención de optar por la vía de la desobediencia.

El peón de la estrategia judicial en el Parlament

Lluís Puig ha sido estos últimos años una pieza clave en el club de Waterloo, junto a Carles Puigdemont, Toni Comín y Josep Valtònyc. Mientras Comín cumplía un papel institucional como eurodiputado en Bruselas, Lluís Puig era el peón para extender la lucha judicial desde Bélgica al Parlament de Catalunya. Fue incluído en las listas electorales del 14-F en 2021 para, una vez elegido diputado, provocar un conflicto judicial que alimentaba la estrategia de la confrontación de Junts per Catalunya.

El precedente estaba precisamente en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, cuando el Tribunal Constitucional impidió a Puigdemont ser investido telemáticamente. La inclusión de Lluís Puig en las listas de las elecciones de 2021 tenía como objetivo volver a plantear el conflicto con la justicia como primer paso para llamar a la desobediencia. Un bucle que ahora se vuelve a repetir, y que como en la última ocasión vuelve a poner a Esquerra en el brete de decidir si opta o no por la desobediencia.

En 2021 fue la presidenta en funciones Alba Vergés quien tuvo la patata caliente y finalmente optó por desobedecer al TC y contabilizar el voto de Lluís Puig. De hecho, ERC, que inicialmente se mostró reticente a forzar la máquina con este caso, anunció después su intención de reformar el reglamento para burlar las intromisiones de la justicia española. Ahora parece tomar el mismo camino, pues acusa a los jueces de querer decidir la Mesa del Parlament y opta por la desobediencia dejándose arrastrar así por Junts.

Junts sigue estirando el chicle del procesismo

El núcleo duro de Waterloo se ha ido desintegrando con la disidencia de Clara Ponsatí y el regreso a Cataluña de Valtònyc, quedando ya solo Toni Comín y Lluís Puig. El exconsejero, al que podríamos llamar el último de Waterloo, sigue asumiendo su función de provocar la confrontación de la justicia cuando le conviene a Puigdemont. Esto explica que pese al pacto con el PSOE y la renuncia a la vía unilateral, Junts siga haciendo lo que mejor sabe hacer desde 2017, que es puro procesismo.

Esto provoca no solo el agotamiento de los catalanes que cada vez van menos a votar como muestran los datos de participación, sino que ahonda aún más en el desprestigio de las instituciones. La utilización de la Mesa del Parlament por parte de Puigdemont para ser elegido candidato pese a haber perdido las elecciones y saber que no puede formar gobierno no hace más que erosionar la credibilidad de la institución milenaria del Parlament. El procesismo, que ha perdido por primera vez la mayoría en el Parlament, utiliza los resortes para seguir bloqueando las instituciones.

Lo grave en este caso es que la desobediencia planteada una vez más con Lluís Puig como protagonista es que esta vez la alientan unos partidos que son minoría en el Parlament. Pero tampoco importa mucho porque el exconsejero de Cultura, que asumió el cargo con la intención de revitalizar la cultura catalana, no ha servido más que a los intereses particulares de Carles Puigdemont. No es extraño que cada vez más votantes, incluso los independentistas, se queden en casa.