Lérida dejará de empadronar a okupas automáticamente

Se acabó: el gobierno de la Paeria (así llaman en Lérida a su Ayuntamiento) pone fin al protocolo que el anterior alcalde (Miquel Pueyo, de ERC) activó para permitir que los okupas se pudieran empadronar automáticamente en la vivienda cuyo derecho de uso estaban usurpando.

En vigor de inmediato

El protocolo en cuestión entró en vigor en febrero de 2021 y, aunque resulta difícil calibrar qué cantidad exacta de okupas pudieron empadronarse gracias a él, las cifras son inquietantes. Las facilitaba este 18 de noviembre el rotativo leridano Segre.

En 2020, un total de 6.609 personas se dieron de alta en el padrón de la ciudad. En 2021, lo hicieron 8.431 y, en 2022, 10.315. En esos tres años, la población de la ciudad se ha mantenido estable con ligerísimas variaciones: 140 797 vecinos en 2022; 140 080 en 2021 y 140 403 en 2020.

Ahora, para que alguien se empadrone en una vivienda situada en Lérida, será necesario que el propietario de la vivienda dé su visto bueno. Antes no era necesario: el tripartirto que formaban ERC, Junts y El Comú de Lleida eliminó esa obligación. De este modo, ya no se empadronarán automáticamente a los okupas.

Una medida discutida

El protocolo que ahora se deroga lo aprobaron ERC, Junts y El Comú con la oposición de los otros tres grupos presentes en el Pleno del pasado mandato. Eran PSC, PP y C’s. Los socialistas, que hoy gobiernan con Fèlix Larrosa como alcalde, llegaron a recurrir la normativa ante el Contencioso Administrativo y la Fiscalía llegó a interponer recurso. En campaña electoral, Xavier Palau –hoy líder de la oposición- prometió acabar con esta situación que penalizaba a los propietarios y el PSC también lo hizo.

Ahora, finalmente, una de las más dudosas herencias de Miquel Pueyo se convierte en un mal recuerdo. Pueyo, por cierto, es profesor en la Universitat de Lleida. Cuando él era alcalde, desde el equipo de gobierno se indicó -así lo recogió Segre- que el protocolo se activaba para "conocer la situación real de la ciudad".

Al tiempo, se permitía que "personas sin domicilio fijo o sin documento acreditativo" pudiesen acceder a la educación, la sanidad o los servicios sociales. Se remarcó también que empadronarse en un inmueble "no implicaba derecho de propiedad sobre la vivienda". Sí que implicaba, sin embargo, certificar un uso habitual del que, según cómo, pueden derivarse derechos como, por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio. Ahora, todo eso, pasa a la historia.