Las maniobras de ERC y Junts para colocar a sus cargos inhabilitados, bajo la lupa

El procesismo se acomoda como puede a la nueva situación política y eso obliga a los partidos a recolocar a sus viejas glorias. Hace poco, lo vimos con Junts y la elección de Puigdemont como presidente. Esta decisión ha obligado al partido a enterrar a Borràs en la presidencia de la fundación FunDem. Y en una situación similar está el exconsejero Raül Romeva, que desde el pasado enero se desempaña como presidente de la Fundación Irla, vinculada a ERC.

Y tanto Borràs como Romeva tienen el mismo problema: que sobre ambos pesa una losa judicial. En el caso de Borràs, casi cinco años de cárcel y trece de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental. Por su parte, la situación de Romeva es aún peor: doce años de cárcel e inhabilitación perpetua por sedición y malversación.

Siguiendo con las similitudes, las dos figuras políticas también comparten que sus condenas no son todavía definitivas. En el caso de Borràs, la sentencia no es firme, y en el caso de Romeva, es bien sabido que el exconsejero está inmerso en un via crucis de condenas, indultos y amnistías que no acaban de llegar.

Dudas jurídicas

En la más pura tradición procesista, esto conduce a un estado de confusión general en el que casi nada resulta conclusivo.

Por una parte, el Código Civil de Cataluña deja claro que no una persona inhabilitada para el ejercicio de cargo público no puede ejercer la presidencia de una fundación. Pero, por otra parte, sus respectivas situaciones judiciales no son definitivas. Además, las fundaciones en cuestión tienen una clara y militante orientación política.

De hecho, la Fundación Irla, por ejemplo, se escuda en que la ley de amnistía está en marcha para justificar la presidencia del exconsejero Romeva. Fuentes de la fundación han explicado a El Periódico que nombraron a Romeva con la perspectiva de la ley de amnistía. Y, según ha confirmado el citado medio, Romeva figura efectivamente como presidente ante el registro de entidades de la Generalitat.

Un problema para Espadaler

Todo esto supone un tedioso problema para el Govern del PSC, que tiene que velar por el cumplimiento de la ley. Además, el alto cargo del Departamento de Justicia que se encarga de esta materia, Immaculada Barral, es uno de los famosos altos cargos que ERC ha conseguido mantener.

Pero, según asegura El Periódico, la consejería que dirige Ramon Espadaler pondrá en marcha un informe sobre la situación jurídica de las fundaciones. Y, de entrada, pinta mal, sobre todo para Laura Borràs.

Como se ha dicho, la ley es taxativa en este punto y señala explícitamente que la “falsedad documental” es uno de los delitos que inhabilitan para presidir fundaciones. Ante esto, Borràs alega que su condena le impide ejercer cargos públicos “electivos”, pero no cualquier cargo, como el de profesora de universidad que ahora desempeña.

En cualquier caso, ella misma ya anunció que pretende acogerse a la ley de amnistía, aunque tenga difícil encaje en su caso. Pero según dijo su abogado, Gonzalo Boye, esta petición se enmarca en una "defensa global" de Junts.