PP y Vox aprietan al Govern por los escándalos de la DGAIA

El descubrimiento de una red de prostitución infantil a raíz del caso de una menor tutelada por la Generalitat ha causado estupefacción en Cataluña. El caso apunta directamente a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, la DGAIA. Este organismo público está siendo investigado por varias irregularidades, que apuntan a una corrupción sistémica cuando estaba controlado por ERC.

A raíz de este nuevo escándalo, el PP y Vox han pedido al Govern que comparezca para dar explicaciones y vaya hasta el final con este asunto. El PSC ha reaccionado anunciando las primeras medidas. Ha abierto un expediente por el caso de la menor prostituida, y ha anunciado la comparecencia de la consejera de Derechos Sociales en sede parlamentaria.

La posición del PSC no es fácil, porque el caso salpica de lleno a su socio de gobierno prioritario. Hasta ahora habían intentado frenar la ofensiva de la oposición para proteger a ERC. Pero el caso está alcanzando una dimensión importante, y el Govern está obligado a dar pasos para evitar que el caso le acabe arrastrando.

Qué está pasando en la DGAIA

La Sindicatura de Cuentas destapó el año pasado irregularidades graves en la adjudicación de contratos y la concesión de ayudas por parte de la DGAIA. Fue durante el período 2016-2020, cuando ERC controlaba la consejería de Asuntos Sociales. Primero con Dolors Bassa (2016-2017) y después con Chakir El Homrani (2018-2021).

La DGAIA es el organismo público que se dedica al cuidado de los menores tutelados y extutelados. Pero no gestiona directamente el servicio sino que lo hace a través de entidades privadas. La Sindicatura de Cuentas detectó la adjudicación irregular de contratos a estas entidades, y la concesión de ayudas a jóvenes que no cumplían los requisitos.

En plena vorágine por los escándalos financieros, ha estallado el caso de un menor tutelada por la DGAIA que fue violada de forma sistemática por una red de pederastia. Además, se ha descubierto que la DGAIA autorizó su fuga con un hombre diez años mayor. Esto ha dejado al descubierto los fallos del sistema de protección de menores vulnerables.

PP y Vox piden medidas urgentes

Eso es precisamente lo que ha señalado Juan Fernández, en su cuenta de X. El portavoz del PP en el Parlament de Cataluña ha afirmado que "el sistema de protección de los menores en Cataluña ha fallado estrepitosamente". Además ha acusado al PSC de "callar" ante "hechos muy graves", y ha señalado a la consejera Mónica Martínez Bravo.

"Hoy, cuando conocemos un caso de violación de una niña de 12 años, la consejera informa que en el próximo Pleno del Parlament no estará presente". Fernández ha pedido a la consejera que "cancele el viaje" y "dé las explicaciones que los catalanes exigen". 

Vox ha estado encima de este caso desde que apareció, formulando varias preguntas y exigencias en sede parlamentaria. Ahora advierte de que el Goven del PSC llega "tarde y mal" en este caso, que "nunca debería haberse producido". Además, creen que la comparecencia de la consejera será inútil, porque "va a decir lo de siempre".

Su portavoz Ignacio Garriga ha sido tajante. Ha señalado a los "políticos corruptos de la Generalitat" que durante tiempo "han utilizado a los menores tutelados y a la instituciones tutelares como la DGAIA como instrumento de lucro personal y político".

Junts solicita una comisión de investigación

Por su parte, Junts ha solicitado una comisión de investigación para llegar al fondo del caso de la DGAIA. Aunque la posición de los juntaires en este caso ha sido más ambigua. Primero votaron en contra de la comparecencia de la consejera, para después, al ver que la cuestión vuelo, unirse a la petición.

Junts ve en este escándalo la oportunidad de debilitar tanto a su competidor director, ERC, como al Govern de Salvador Illa. Pero al mismo tiempo es consciente que en aquellos años Junts y ERC gobernaban juntos. 

Esta misma semana se han conocido nuevas irregularidades en la contratación durante los gobiernos procesistas. Fue en 2022 en el Departamento de Salut, cuando estaba dirigido por Josep Maria Argimon, hombre de Junts. Los postconvergentes no las tienen todas consigo, de ahí su ambigüedad con estos temas.