El juez ordena la detención de Clara Ponsatí

Pablo Llarena, el juez que instruye el ‘procés’ en el Tribunal Supremo, ha emitido una orden nacional de detención contra Clara Ponsatí. La razón es que estaba citada a declarar ante el juez por un delito de desobediencia. Pero la que fuera Consejera de Educación en el gobierno de Carles Puigdemont no se presentó ni justificó su incomparecencia.

Por ello, el magistrado considera que ha “desatendido voluntariamente y de forma injustificada” la citación judicial. Y acuerda su detención con la finalidad de tomarle declaración. La orden podría quedar sin efecto si, como ocurrió con Meritxell Serret y Anna Gabriel, acaba compareciendo voluntariamente.

Incomparecencia injustificada

Los hechos se remontan al pasado 24 de abril, cuando la política independentista estaba citada para declarar ante el Tribunal Supremo. Su defensa alegó que pertenece a dos comisiones en el Parlamento Europeo. Y pidió la paralización del procedimiento judicial por el amparo de la encausada en las instituciones europeas.

En virtud del artículo 487 de la ley procesal, Llarena convierte en detención una orden de comparecencia por incomparecencia injustificada de la citada. Para el magistrado, su ausencia no estuvo justificada. Ponsatí estaba citada el 24 de abril por la mañana, y sus responsabilidades como parlamentaria eran ese día por la tarde.

Pero además, Llarena considera que fue citada con suficiente antelación como para informar de las dificultades para comparecer. En su lugar, la defensa presentó un escrito exculpatorio para rehuir la comparecencia. De hecho, la misma mañana tuiteó una fotografía en Flandes, y el magistrado considera que “se jactó de no tener ninguna intención de atender la citación judicial”.

Antecedentes de rebeldía

El juez tiene en cuenta los antecedentes de rebeldía para atribuir la ausencia de Ponsatí a un hecho voluntario. Las funciones parlamentarias sería “la excusa frente a una nueva desatención de sus obligaciones procesales”.

Clara Ponsatí participó en la celebración del Referéndum de independencia de Cataluña en 2017, desde su cargo como consejera. Ordenó la apertura de las escuelas e institutos como colegios electorales. Fue cesada mediante la aplicación del 155, y se fugó a Bruselas junto a Carles Puigdemont y otros miembros del gobierno.