La inmigración ilegal se convierte en un problema
La llegada de irregulares se ha multiplicado un 82% más en 2023
El dato que se acaba de conocer sobre la inmigración ilegal en España confirma la urgencia del problema migratoria en nuestro país. Según el Ministerio del Interior, el año pasado llegaron a España 56.582 inmigrantes irregulares, un 82% que el año anterior. El principal foco fueron las Islas Canarias, donde llegaron 39.910, un 154,5% más que en 2022.
El repunte migratorio, sin precedentes desde 2018, pone en tensión la capacidad del Estado para gestionar a los recién llegados. El Gobierno ya ha tenido que derivar importantes contingentes de inmigrantes irregulares por diferentes comunidades autónomas. Pero su vez, varias regiones advirtieron de sus problemas para asumir más inmigración.
Es el caso de Cataluña, donde el Govern de Pere Aragonés solicitó más ayudas al Estado para hacer frente a la gestión de la nueva inmigración. Tal fue la presión migratoria en Cataluña, que el Govern tuvo que derivar inmigrantes desde Barcelona a pueblos de la costa. Allí fueron alojados en hoteles de la costa, vacíos por estar en temporada baja.
La contradicción del Govern
Ese ha sido precisamente el origen del malestar de varios alcaldes de municipios de la comarca del Maresme como Calella, Vilassar y Malgrat de Mar. Los problemas de inseguridad relacionados con menores extranjeros ha hecho estallar a los vecinos, y a las autoridades locales. Los alcaldes han pedido la expulsión de los extranjeros multirreincidentes, lo cual ha abierto un intenso debate en Cataluña.
El debate ha llegado a la política, con dos bandos muy marcados en Cataluña. El Govern representa las tendencias buenistas que niegan un problema de inseguridad vinculado con la inmigración irregular. Al otro lado, partidos como Aliança Catalana y Junts per Catalunya piden soluciones para lo que consideran un problema urgente.
La contradicción del Govern de ERC es que por un lado se abre a la acogida de más refugiados, mientras que por otra pide ayuda al Estado porque se ve desbordado. El conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, advirtió que reciben ayuda para atender a 33 inmigrantes cuando en realidad han llegado a Cataluña más de dos mil. Sin embargo, Pere Aragonès reafirmó recientemente ante las Naciones Unidas el compromiso de Cataluña con la acogida de más refugiados.
La inmigración ya es un problema
El importante repunte migratorio en España supone un evidente reto para la seguridad del Estado. Los recién llegados, repartidos por diferentes comunidades autónomas, reciben alojamiento durante un mes, pero luego se quedan en la calle. Eso deja importantes bolsas de población migrante, muchos de ellos menores, sin trabajo ni perspectivas de futuro.
En localidades como Calella, los principales delitos violentos son cometidos por grupos de menores multirreincidentes. Se trata de menores que vuelven a salir a la calle horas después de ser detenidos y se sienten con impunidad para delinquir. Los problemas de inseguridad han llegado a otras localidades como Vic, Molins de Rei o Manresa, donde los vecinos se movilizaron hartos de tener miedo de salir a la calle.
El otro problema de la inmigración irregular masiva es el riesgo de colapso de los servicios públicos. Otros países europeos como Francia ya han reformados sus leyes de inmigración para endurecer las solicitudes de asilo y limitar las ayudas públicas, España sigue siendo uno de los pocos países que se resiste a afrontar el problema de la inmigración con realismo.
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