El incómodo debate de la sanidad y la inmigración que ahora estalla en Cataluña

Una de las aristas del espinoso debate sobre la inmigración es la presión asistencial de los servicios públicos. Hasta ahora, defender que el aumento de la inmigración ilegal contribuye a la saturación de la sanidad se asociaba a la extrema derecha. Una información aparecida esta semana vuelve a abrir el debate desde una nueva perspectiva.

Según se ha sabido, el Departament de la Salut de la Generalitat contactó con hospitales peruanos para frenar la llegada de niños con cáncer. El motivo, un repentino desembarco de familias peruanas en Barcelona para tratar casos de cáncer infantil con pronóstico grave. El dato es llamativo: uno de cada cuatro tratamientos es a menores sin documentación.

Esto demuestra la existencia de una práctica real que pone en riesgo el frágil equilibrio entre el servicio asistencial y la sostenibilidad económica del sistema. El debate, hasta ahora secuestrado por el estigma del racismo, entra en un nuevo escenario. Obliga a hacer una reflexión más allá de la batalla ideológica.

CatSalut ya alertó en septiembre de casos de fraude 

Aunque ahora se constata una realidad, la sospecha viene desde hace tiempo. El pasado mes de septiembre, el Servei Català de Salut (CatSalut) alertó a los centros de atención primaria de posibles fraudes por parte de extranjeros al solicitar la tarjeta sanitaria. Médicos y oenegés acusaron a la administración de racista.

La orden de CatSalut simplemente advertía de “casos de extranjeros que vienen a Cataluña con enfermedades preexistentes diagnosticadas en el país de origen”. La intención, decía, era “recibir tratamiento médico a cargo del sistema público de salud mediante la tramitación de la tarjeta sanitaria”. Finalmente advertía de que esto es “un fraude de ley”.

El debate sobre la salud y la inmigración es el más delicado porque la atención sanitaria es inevitablemente una cuestión humanitaria, y esto desvirtúa el debate. Por eso cualquier intención de denunciar estos fraudes se asocia con el racismo y la xenofobia. Más allá del uso político que se quiera hacer, la realidad es que los recursos son limitados y por eso las administraciones velan (o deberían hacerlo) por la legalidad en el uso de los servicios.

El debate sobre la asistencia universal y sus límites

A partir de aquí, existen diferentes posicionamientos más o menos restrictivos sobre el derecho a la atención sanitaria. En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy quitó la tarjeta sanitaria a inmigrantes irregulares para evitar el “turismo sanitario”. El Gobierno de Pedro Sánchez revocó esta medida con su llegada al poder en 2018.

Yendo un paso más allá, Sanidad quiere aprobar ahora una ley para extender la asistencia sanitaria a inmigrantes sin padrón. Es la reacción del Gobierno central a la polémica de las trabas al empadronamiento de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols. La propia Orriols propuso que la tarjeta sanitaria llevara foto para evitar fraudes.

El debate tiene muchos matices y es evidente que las familias peruanas que viajan con sus niños a Barcelona lo hacen movidos por la desesperación. Esto no se puede comparar con el uso fraudulento de los servicios públicos por parte de extranjeros. Pero obliga a abrir una reflexión sobre los límites de los servicios públicos y la necesidad de ejercer un mayor control para evitar las trampas.