El Gobierno se suma a la campaña contra Sílvia Orriols

La polémica por las trabas al empadronamiento en el ayuntamiento de Ripoll ha dado hoy un paso más. Tras la denuncia de El Periódico y la presión del Govern y la Síndica de Greuges, ahora el Gobierno de España se suma a la persecución. La subdelegación del Gobierno da 20 días a la alcaldesa de Ripoll para que dé explicaciones.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, puso en marcha el mecanismo tras leer las informaciones aparecidas en El Periódico. A petición suya, el subdelegado del Gobierno en Girona, Albert Bramón, ha remitido una carta al ayuntamiento de Ripoll. Pide explicaciones por el retraso en el empadronamiento de los inmigrantes en el municipio.

El ayuntamiento de Ripoll está apurando los tres meses que marca la ley para inscribir a los recién llegados. Una práctica habitual que se repite en al menos cincuenta municipios catalanes, de distintos colores políticos (ERC, Junts, PSC, Comuns). Sin embargo, la Generalitat y el Gobierno solo han reaccionado en el caso de Ripoll.

Posible vulneración del ordenamiento jurídico

La polémica nace a raíz de un artículo en El Periódico donde acusan a la alcaldesa de Ripoll de discriminar a los inmigrantes y dejarles sin los servicios básicos. La ley da tres meses a los ayuntamientos para inscribir a los recién llegados. El ayuntamiento de Ripoll apura los plazos, como otros consistorios en toda Cataluña.

La subdelegación entiende que en el caso de Ripoll puede haber una “vulneración del ordenamiento jurídico vigente”. Por eso da 20 días hábiles a Sílvia Orriols para que informe sobre “la forma como ejerce su competencia en materia del padrón y da cumplimiento a la normativa estatal vigente”. La alcaldesa tiene que justificar la forma de tramitación de los expedientes, y los requisitos exigidos a los habitantes del municipio, así como los plazos de resolución de los expedientes.

Esta iniciativa va en la línea de la Oficina per a la Defensa dels Drets Civils i Polítics de la Generalitat, que habla de un caso de discriminación. El Govern ha animado a los afectados a denunciar al ayuntamiento para poder emprender una causa contra la alcaldesa de Ripoll. La Síndica de Greuges, por su lado, iniciará una investigación para detectar posibles irregularidades.

Sílvia Orriols responde al Gobierno

La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, sostiene que está cumpliendo el programa electoral dentro de los márgenes de la ley. Tras recibir la carta de la subdelegación del Gobierno, ha respondido en sus redes sociales. “El Gobierno español que se preocupe de España y deje en paz a Cataluña”, ha contestado.

Aliança Catalana se presentó a las elecciones municipales en Ripoll con la promesa de negar el empadronamiento a los inmigrantes ilegales. Sin embargo, la ley obliga a los ayuntamientos a empadronar con independencia del estatus legal de la persona. Ante la imposibilidad de sacar adelante la medida, la alcaldesa ha cambiado el protocolo de inscripción para así apurar los plazos.

Es una práctica que lleva años practicándose en ayuntamientos de otro signo político. A veces tiene que ver con la propia lentitud burocrática, y otras con el desconocimiento de los propios ciudadanos, que tienen la obligación de empadronarse. Pero en algunas localidades con un alto porcentaje de inmigración se practica como medida de disuasión.