El Gobierno registrará al colectivo LGTBI para que encuentren trabajo antes

La productividad en España ha caído más de un 7% en las últimas dos décadas mientras asoma el fantasma de la recesión en la zona euro. Estos días se ha sabido que el país vuelve a liderar el desempleo entre los países de la OCDE, con el paro juvenil más alto de la Unión Europa. Al Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz se le acumula el trabajo, aunque parece que sus prioridades son otras.

El buscador público de trabajo que está poniendo en marcha el Gobierno priorizará a los colectivos considerados vulnerables como las personas LGTBI. Así, gais, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales tendrán preferencia en la búsqueda de trabajo. La administración ha diseñado ya un método consistente en ofrecer a estas personas la posibilidad de registrarse de forma voluntaria y confidencial.

El plan del ministerio es desarrollar un buscador público de empleo tipo InfoJobs, cuyo servicio irá destinado a los trabajadores y a las empresas. El proyecto costará más de mil millones de euros al año, pero no todos los trabajadores tendrán las mismas oportunidades. El Gobierno quiere combatir así la discriminación que dicen sufrir las personas LGTBI en el mercado laboral.

Registro voluntario y confidencial

La Ley de Empleo 3/2023 recoge que “entre los colectivos considerados de atención prioritaria se encuentran las personas LGTBI, en particular trans”. Sin embargo, la administración no puede preguntar a un ciudadano por la orientación sexual ya que se considera información privada e íntima de cada persona. El Ministerio de Trabajo ha ideado un sistema para sortear las barreras legales a la hora de priorizar al colectivo.

Las personas LGTBI tendrán que informar voluntariamente sobre su condición a los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), si quieren formar parte del registro de prioritarios. Lo podrán hacer durante el proceso de orientación llevado a cabo por los nuevos servicios del SEPE. Los trabajadores públicos procederán a registrar esta información, que en todo caso será estrictamente confidencial.

Lo llamativo del caso es que la administración no exigirá prueba alguna, y se fiará de la “buena voluntad” de los demandantes de empleo. Esto ha suscitado muchas críticas, por el riesgo de que se produzcan fraudes a la hora de buscar una posición privilegiada para encontrar trabajo. El Gobierno considera que hay que priorizar estos colectivos para combatir la discriminación que sufren a la hora de encontrar trabajo.

Contra la discriminación

El Gobierno de Pedro Sánchez ya dio un primer paso contra la discriminación al explicitar en la Ley de Empleo la prioridad de las personas trans. Su situación es especialmente delicada, ya que según datos sindicales el 80% está en el paro. Además, siete de cada diez personas LGTBI aseguran haber sido objeto de discriminación alguna vez a la hora de buscar trabajo.

El Ministerio de Trabajo ha fijado como prioridad la lucha contra la discriminación de estos colectivos. Uno de sus cometidos es desarrollar el artículo 15 de la Ley Trans, que obliga a las empresas de más de 50 empleados a garantizar la igualdad efectiva de los LGTBI y a contar con un protocolo antiacoso. Ahora da un paso más con el registro de la condición sexual para que encuentren trabajo antes.