El Gobierno cambia la ley para regularizar a 900.000 inmigrantes en España

El Consejo de Ministros ha modificado este martes el reglamento de la ley de extranjería para reducir los plazos y simplificar los requisitos para la regularización de inmigrantes. Estos cambios permitirán la regularización de hasta 900.000 extranjeros sin papeles en un tres años (300.000 cada año). 

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha dado los detalles en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En sus palabras, se trata de la reforma “más integral y ambiciosa” del reglamento trece años después de su entrada en vigor.

Esta modificación es complementaria, aunque diferente, a las últimas iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno de España en materia de inmigración. Como la reforma del artículo 25 de la ley de extranjería para repartir a los menores migrantes no acompañados en todas las comunidades autónomas. O como la iniciativa legislativa popular que se está tramitando en el Congreso de los Diputados para la regularización extraordinaria de medio millón de extranjeros sin papeles en España.

Esta última medida fue motivo de controversia, aunque finalmente solo Vox votó en contra en la votación del Congreso. La derecha radical ve en la regularización masiva de inmigrantes un efecto llamada y un sobrecoste añadido a la ya de por sí lastimada caja de las pensiones. La izquierda, en cambio, afirma justo lo contrario: que la regularización de inmigrantes ilegales reduce la economía negra y por lo tanto aumenta la recaudación de impuestos y de cotizaciones en la seguridad social.

En qué consiste esta nueva reforma

En este caso lo que se modifica es el artículo 36 de la ley de extranjería, que establece el reglamento para la regularización de la situación de los extranjeros residentes en España. En virtud de esta modificación, se reduce de tres a dos años el tiempo de permanencia requerido para acceder a la regularización, y se extiende a un año la validez inicial de todos los visados. Además, contempla mecanismos de protección para los trabajadores extranjeros de temporada y pone más facilidades para la reagrupación familiar.

El Gobierno defiende este cambio para responder a “las nuevas realidades demográficas y laborales” de España, y “mejorar las vías de acceso legal y ordenado de los extranjeros” de terceros países.

La reforma se centra en el empleo, la formación y las redes familiares para facilitar la regularización de los extranjeros de fuera de la UE, y así mismo su integración en España.