Europa Press El Estado deberá pagar 17 millones de euros a los procesistas con la amnistía
El perdón obligaría a devolver las fianzas abonadas
Los partidos procesistas siguen tensando la cuerda en las negociaciones por la investidura de Pedro Sánchez. Tras pedir la amnistía para todos los políticos y activistas con causas pendientes, exigieron también la condonación de las deudas a los condenados por malversación. Ahora dan un paso más, y quieren la devolución de las fianzas.
La plataforma Amnistia i Llibertat cifró en 17 millones de euros las fianzas abonadas por diversas causas. Así consta en la Ley de Amnistía presentada en el Congreso en 2021 y que finalmente fue rechazada. Ahora incluyen la devolución de estas fianzas en las demandas para desbloquear la legislatura española.
Toda la atención está puesta ahora en el juicio que se celebrará el 17 de noviembre en el Tribunal de Cuentas. Se juzga a cargos y excargos de la Generalitat como el propio Carles Puigdemont, por supuesta malversación en la organización del referéndum y la difusión internacional del procés. La fiscalía les reclama 3,4 millones de euros.
Beneficiados por la amnistía
El procesismo, insaciable en sus demandas, exige que el Estado les devuelva 17 millones de euros en concepto de finanzas. De estos, 5,8 corresponden a los procesados por malversación en la organización del referéndum. La Caja de Solidaridad independentista abonó primero 3,7 millones, y luego se embargaron las cuentas bancarias de los acusados para cubrir los 2,1 restantes.
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Otros 4,5 millones corresponden a la causa abierta contra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos. El juicio se celebrará el año que viene, y podrían ser los primeros beneficiados por la amnistía.
La amnistía parte del concepto de borrar todos los delitos penales y administrativos. Esto no solo eliminaría los antecedentes y las inhabilitaciones de los procesados, sino que también obligaría al Estado a devolver el dinero de las fianzas. Además, los acusado no tendrían que devolver el dinero presuntamente malversado.
A las puertas de un juicio crucial
La cantidad más alta abonada en fianzas son los casi seis millones del juicio que tendrá lugar en noviembre. Entre los acusados, además de Puigdemont, están Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva y Josep Rull. La causa afecta en total a 34 cargos y excargos de la Generalitat.
La cercanía de la fecha del juicio amenaza las negociaciones entre PSOE y Junts, así que los partidos ponen encima de la mesa un posible aplazamiento. Quieren que el juicio se retrase a la espera de la tramitación de una posible ley de amnistía. Además, exigen una rebaja de la cantidad reclamada, 3,4 millones de euros, que ya fue rebajada de los 5,4 millones demandados inicialmente.
Los procesistas plantean la amnistía como la eliminación de las condenas y procesos abiertos desde 2013. Esto incluiría los casi 5 millones de euros impuestos al expresidente Artur Mas y otros consejeros por el dinero destinado a la consulta de 2014.
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