El establishment político y mediático catalán, retratado por el caso DGAIA

El descubrimiento de una red de pederastia con una menor tutelada por la Generalitat ha desatado una crisis política en Cataluña. En el foco está la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia). La Sindicatura de Cuentas destapó hace meses una trama corrupta que ha sido silenciada por el poder político y mediático en Cataluña.

La Sindicatura de Cuentas presentó un duro informe que fue deliberadamente ignorado por la mayoría de los partidos en el Parlament. No solo eso, sino que el PSC y los Comuns bloquearon cualquier investigación parlamentaria que pudiera dañar a su socio, ERC. Ahora se han apresurado a impulsar una comisión de investigación para evitar que la oposición pueda sacar rédito del escándalo.

Lo mismo ocurre con los medios públicos y subvencionados. Solo algunos canales como Octuvre, El Món y E-Notícies han ido informando sobre los escándalos de la DGAIA a medida que iban saliendo. Mientras, medios como TV3, El Nacional, El Periódico, Nació Digital y La Vanguardia han pasado de puntillas hasta que ha sido inevitable.

Ahora no solo se hacen eco sino que lo hacen con grandes titulares, tratando de convertir un escándalo político en una crónica de sucesos. Los medios afines al poder intentan crear la imagen de que el problema es el sistema para ocultar las responsabilidades políticas.

El problema de fondo es que el escándalo de la DGAIA desnuda el fracaso de la gestión de los partidos procesistas durante la última década. Esto amenaza con hundir aún más a los partidos y a sus terminales mediáticos que llevan años viviendo de las subvenciones. De ahí el silencio impuesto por unos y otros en torno a este tema.

El Govern y sus socios, a contrapié

El Govern trató de avanzarse a los acontecimientos este lunes, anunciando la apertura de un expediente y la comparecencia de la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo. Pero llega tarde y mal. Durante estos meses ha votado junto a ERC y Comuns para tapar el informe de la Sindicatura y sus recomendaciones.

No solo eso, sino que la consejera cesó de manera fulminante y sin dar explicaciones a la cúpula de la DGAIA. El motivo oficial fue que el departamento necesitaba una renovación, aunque la directora cesada solo llevaba seis meses en el cargo. 

Eso no hizo más que aumentar las suspicacias sobre un departamento que ya estaba en el ojo del huracán. La Sindicatura de Cuentas destapó adjudicaciones irregulares de contratos a entidades encargadas de prestar los servicios de la DGAIA. 

Se descubrió todo un sistema corrupto de tratos de favor, puertas giratorias y malversación de caudales. Durante meses se advirtió de que aquello era solo la punta del iceberg de un organismo que esconde muchos lados oscuros.  

La oposición presentó varias mociones en comisión parlamentaria, que no prosperaron por la suma de fuerzas de los partidos del gobierno. Mención especial merece Junts, que ha mostrado siempre una conducta errática en este sentido. Pidió la comparecencia de los responsables de la consejería durante los años 2016-2020, pero en cambio bloqueó la comparecencia de la actual consejera.

Sálvese quien pueda 

El impulso de una comisión de investigación en el Parlament meses después del informe de la Sindicatura parece un sálvese quien pueda. El Govern y sus socios tratan ahora de tomar la iniciativa para evitar que el escándalo se los lleve por delante. La realidad es que llevan meses cerrando los ojos y poniendo excusas de todo tipo.

Sobre todo ERC, que echa las culpas al aumento de la llegada de menas a Cataluña, a la pandemia y al 155. En un triple salto mortal, la diputada Najat Driouech llegó a decir en comisión parlamentaria que denunciar los escándalos de la DGAIA era alimentar a la extrema derecha.

El escándalo de la DGAIA no solo evidencia la negligente gestión de los partidos procesistas durante años. También deja al descubierto una forma de proceder en Cataluña, donde los partidos del poder se encubren entre sí y los medios de comunicación actúan a su servicio. Quien quiere romper este status quo está condenado a la marginalidad y la censura, o a las acusaciones de ultraderecha.