El Gobierno quiere obligar a las comunidades autónomas a acoger menores inmigrantes
Las Islas Canarias se encuentran desbordadas después de haber recibido más de 40.000 inmigrantes en el año 2023, 4.521 menores no acompañados
Las comunidades autónomas tendrán que ponerse las pilas en cuanto a la recepción de inmigrantes. Así se ha conocido después que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se haya reunido con el presidente canario, Fernando Clavijo.
España fue el segundo país europeo que recibió más migrantes irregulares
Las Islas Canarias acogieron el pasado año 2023 un total de 40.027 migrantes y Clavijo asegura que están “desbordados”. Además, lamenta que “4.521 de estos son niños y niñas” ahora mismo bajo la tutela de las autoridades, a los cuales no pueden “garantizar un proyecto de vida”. Es por ello que el presidente canario pide que se planifique bien lo que vaya a ocurrir en 2024.
Hay que tener en cuenta que España fue el segundo país europeo que recibió más migrantes irregulares tras Italia. En total, 52.945 personas entraron en el país, un 76% más que en 2022.
Y, aun así, la situación no parece detenerse en este inicio de 2024. Tres embarcaciones con 95 migrantes a bordo llegaron recientemente a las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.
"El reparto de menores ya no es una cuestión de solidaridad opcional"
Por ese motivo, la ministra ha lanzado un mensaje al resto de comunidades autónomas, afirmando que “el reparto de menores ya no es una cuestión de solidaridad opcional”. A su vez, Saiz ha confirmado que se impulsará una norma legal para la distribución obligatoria de los menores migrantes entre las comunidades.
La llegada de migrantes no acompañados ya fue tema de debate recientemente en Cataluña. El pasado mes de diciembre el Ministerio ya anunció la creación en Tàrrega (Lérida) del primer Centro de Acogida de Protección Internacional en Cataluña. Este se trata de un complejo con capacidad de acoger a 200 personas solicitantes de asilo.
Este hecho no pasó inadvertido por algunos vecinos o incluso un concejal de Ribera d’Ondara, municipio cercano a Tàrrega, que criticaron la construcción del centro.
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