España y Cataluña, al revés de la UE con la inmigración ilegal

Esta semana, el Gobierno central ha anunciado su intención de regularizar 200.000 inmigrantes en Cataluña en los próximos dos años. Será gracias a la entrada en vigor el próximo martes del nuevo Reglamento de Extranjería. La consejera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mónica Martínez Bravo, ha puesto en valor un modelo de inmigración "más justo e inclusivo". 

El anuncio se enmarca en el ambicio plan del Gobierno de Pedro Sánchez para regularizar inmigrantes ilegales de forma masiva. El propio Gobierno promovió la legalización de medio millón de inmigrantes que residen en España de manera irregular.

Forma parte, por lo tanto, de una estrategia consciente de este gobierno arrastrado en estos temas por Sumar, ERC y Bildu. Otros partidos con más reservas hacia el tema de la inmigración, como Junts y PP, no se opusieron. De hecho, la única formación que voto en contra en el Congreso de los Diputados fue Vox. 

El debate confrontó dos posiciones opuestas. La de aquellos que defienden la regularización como el cumplimiento de los derechos humanos y laborales, y que ven la inmigración como necesaria y positiva. Por el contrario, la de quienes temen un efecto llamada que complicará aún más la crisis migratoria y el colapso de los servicios.

Lo que es evidente es que España y Cataluña son una excepción en la tendencia actual de los países de nuestro entorno. Mientras la UE está dando un giro obligado por la crisis migratoria, el Gobierno español facilita la regularización masiva de extranjeros.

La UE endurece su posición con la inmigración

El nuevo Pacto de Migraciones y Asilo de la UE, aprobado el año pasado, supuso un giro radical a las políticas migratorias de la unión. Tras el experimento fallido de fronteras abiertas, incluso los países europeos más progres han virado su estrategia. Han endurecido tanto las condiciones de entrada en el país, como para solicitar asilo y regularizar su situación legal.

Países que fueron pioneros del welcome refugees, como Suecia, Alemania y Dinamarca, ahora lideran el cierre de fronteras. En muchos países de la unión se están implementando soluciones para frenar la entrada de inmigrantes. Se están acelerando las deportaciones y se ha ampliado el tiempo de residencia requerido para obtener los papeles.

No solo la derecha, también líderes socialdemócratas están reconociendo el colapso migratorio y la amenaza de la seguridad. Los líderes europeos, ante el auge de las opciones identitarias, también han dado un giro pragmático con la inmigración.

España y Cataluña, al revés

España lleva desde 2023 batiendo récords de llegada de inmigrantes ilegales en las costas españolas, y este año va por el mismo camino. Esto está tensionando las comunidades autónomas. Entre ellas Cataluña, una de las que más inmigración ilegal absorbe.

Pese al desafío que esto supone para la seguridad y el desequilibrio que produce en los recursos y los servicios públicos, los gobiernos siguen sin tomar medidas. Al contrario, siguen alentando la inmigración proclamando sus bondades. Y al revés que el resto de los países del entorno, relajan las condiciones de entrada y acceso a la regularización.

La izquierda defiende que la inmigración es necesaria para compensar el saldo negativo de la natalidad autóctona y para reforzar el mercado de trabajo. Según dicen, tendrá un efecto positivo en el estado del bienestar y en la hucha de las pensiones. 

Para sectores contrarios aseguran que la inmigración ilegal masiva rompe el equilibrio del mercado laboral y devalúa los salarios. Además, estudios recientes demuestran que los inmigrantes cuestan más dinero del que aportan. Tampoco es seguro que vayan a pagar las pensiones, porque solo un 20% tienen un balance fiscal positivo a lo largo de su vida.