El escándalo de la DGAIA amenaza con hundir más a ERC y Junts, y arrastrar al PSC

El escándalo de las irregularidades en la Dirección General de Atención  a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) amenaza con abrir una crisis en el Govern de Salvador Illa. En el último pleno ya se manifestó el malestar de la oposición. Varios partidos de la oposición, desde la CUP hasta Vox, pidieron explicaciones por la opacidad en la gestión por parte de la actual Consejería de Derechos Sociales.

En el trasfondo hay un runrún por la sensación de que el PSC está encubriendo a ERC. Las irregularidades se produjeron entre 2016 y 2020. Entonces gobernaban Junts y ERC, aunque la consejería y la dirección de la DGAIA estaban en manos de los republicanos.

¿Hay un pacto de silencio entre PSC y ERC para tapar el escándalo, como parte del acuerdo de investidura entre socialistas y republicanos? ¿Está intentando el PSC ‘salvar’ a ERC para mantener el apoyo de su principal socio de gobierno? ¿Conocía Junts las irregularidades, y hasta qué punto puede acabar salpicado por el escándalo?

Las irregularidades de la DGAIA

La Sindicatura de Cuentas destapó el año pasado supuestas irregularidades de la DGAIA que ahora está investigando la Oficina Antifraude. La DGAIA es un organismo público dependiente de la Generalitat. Entre 2016 y 2023 gestionó 788 millones de euros para la acogida de menores y jóvenes extutelados.

Pero en lugar de gestionar directamente los servicios, la DGAIA los subcontrató a terceras empresas. Existía un amplio entramado de entidades y fundaciones aparentemente sin ánimo de lucro y copadas por dirigentes de la propia DGAIA. 

Fueron esos mismos dirigentes quienes habrían adjudicado contratos a dedo de manera irregular. También habrían concedido ayudas a jóvenes que no cumplían los requisitos. Lo último que se ha sabido es que la DGAIA benefició a una fundación privada para su enriquecimiento mediante la compra de 500 viviendas públicas.

Una bomba de relojería a punto de estallar

Esas irregularidades se cometieron durante las etapas de Dolors Bassa y Chakir El Homrani, ambos de ERC, como consejeros de Asuntos Sociales. En aquellos años hubo tres dirigentes de la DGAIA. Dos de ellos, Ricard Calvo y Georgina Oliva, eran altos cargos de ERC.

Quienes conocen bien las irregularidades cometidas en la DGAIA son Octuvre, el medio dirigido por Albano Dante-Fachín y Marta Sibina. Ellos han destapado la mayoría de corruptelas de la DGAIA. Según apuntan, lo que ha salido hasta ahora es solo la punta del iceberg.

Los escándalos de la DGAIA son ahora mismo una bomba de relojería a punto de estallar en las manos del Govern de Salvador Illa. Está claro que el caso salpica directamente a ERC, y podría ser la condena definitiva para el partido de Oriol Junqueras. Pero afecta también de refilón a Junts, que presidió los gobiernos 2016-2017 y 2018-2020.

Junts siempre podrá alegar que no sabía nada de todo aquello. Pero Carles Puigdemont llegó a la presidencia justo el año en el que la Sindicatura de Cuentas marca como el inicio de las irregularidades. Es significativo que el escándalo de la DGAIA se produjera precisamente bajo un gobierno que llegó como quintaesencia de la pureza democrática.

Los postconvergentes pidieron explicaciones en comisión parlamentaria tras conocerse el demoledor informe de la Sindicatura de Cuentas. Pero acto seguido votó junto a PSC, ERC y Comuns para impedir la comparecencia de la consejera. En el último pleno se unieron a CUP y Vox en la ofensiva para que el Govern dé explicaciones y tome medidas.

ERC, por su parte, sabe que el caso les puede hacer mucho daño en un momento especialmente delicado para la formación. De momento, se han excusado culpando al descontrol ocasionado por la avalancha de menas, el 155 y la pandemia. 

Pero la propia Sindicatura de Cuentas les advirtió en comisión parlamentaria que esas excusas son insuficientes. Parece que los republicanos están utilizando su influencia sobre el gobierno de Salvador Illa para bloquear cualquier investigación. El caso puede acabar afectando al PSC, que entonces no tenía responsabilidades, pero ahora sí.

El PSC, entre la espada y la pared

El PSC se encuentra en una difícil posición. Más allá de si existe o no un pacto de silencio con ERC, es evidente que los socialistas están intentando tapar el caso para evitar desgastar a su socio prioritario. Pero al mismo tiempo, a medida que el caso va tomando mayores dimensiones se convierte en una amenaza más real para el Govern.

El PSC teme que el caso de la DGAIA se acabe convirtiendo en su particular Hard Rock. Es decir, un tema enquistado que se acabe llevando por delante al gobierno como le pasó a Pere Aragonès. De ahí que PSC, ERC y Comuns intenten mantener prietas las filas con este caso.

La decisión de la actual consejera de cesar a la directora de la DGAIA seis meses después de su nombramiento responde a una clara intención. El PSC quiere abrir una nueva etapa en la DGAIA para tapar los escándalos. Pero si siguen apareciendo informaciones como la trama corrupta de las viviendas, el Govern tendrá cada vez menos salidas.

En definitiva, la polémica que rodea la DGAIA se ha convertido en un problema muy serio para un gobierno cada vez más asediado por las crisis. El escándalo amenaza con acabar de hundir a los partidos procesistas. Y arrastrar al PSC por su empeño en salvar al procesismo.